Reforma política: una agenda para el cambio

Elaborado por: Samuel Abad, socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International

El 10 de abril, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República doce proyectos de ley para avanzar hacia una reforma política del Estado. ¿Por qué es relevante una reforma? ¿Cuáles son las principales propuestas? Veamos.

El país carece de instituciones sólidas que gocen de legitimidad. La ciudadanía no se siente representada por la mayoría de sus congresistas, los partidos políticos no existen o los que hay son muy débiles, la corrupción ha corroído a casi todas las instituciones, los servicios públicos no brindan una atención eficiente, y el diseño descentralizador requiere ser revisado. Frente a esta crisis, es indispensable un cambio. Se ha comenzado planteando una reforma del sistema de justicia. Pero, además, es fundamental avanzar hacia una reforma política.

Las propuestas presentadas fueron elaboradas por una Comisión de Alto Nivel designada en diciembre pasado por el Presidente de la República. Algunas no fueron acogidas por el Ejecutivo, como el retorno a un Congreso bicameral. La ciudadanía rechazó ese cambio en el referéndum del 9 de diciembre. Según el informe de la mencionada comisión, las propuestas cubren “los tres ámbitos del sistema político: el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral”. Su amplitud explica que se hayan presentado los proyectos de ley 4185/2018-PE al 4196/2018-PE: cuatro plantean reformas constitucionales y ocho reformas legales.

Entre las principales propuestas de reforma constitucional, destacaremos algunas. Para empezar, que la revisión de la inmunidad parlamentaria sea función de la Corte Suprema. Es decir, que el Congreso ya no sea el responsable de evaluar las denuncias contra los congresistas por la comisión de delitos. También resalta que el número de congresistas no siga ‘congelado’ en la Constitución. De acuerdo con la propuesta, la ley lo determinará en función de la población electoral (hoy tenemos menos representantes que en 1980). También es relevante la eliminación de la vacancia por la causal de incapacidad moral del presidente de la República, pues genera inestabilidad. Asimismo, se ha propuesto que los candidatos presidenciales puedan postular al Congreso. De otro lado, se elimina el voto de investidura y se señala que la censura solo cabe contra el gabinete y no contra los ministros de manera individual. También se amplía el periodo de los gobernadores regionales y alcaldes de cuatro a cinco años, sin reelección inmediata. Y, los magistrados del Tribunal Constitucional podrán permanecer en el cargo siete años y no cinco como actualmente sucede.

A nivel legal, se plantean cambios importantes. Entre ellos, se propone modificar el calendario electoral para que las elecciones parlamentarias se realicen en la fecha de la segunda vuelta presidencial. De otro lado, se elimina el voto preferencial. Además, se incorpora la “paridad con alternancia”, es decir, las listas de candidatos al Congreso deberán tener un 50% de hombres y un 50% de mujeres de manera alternada: una mujer-un hombre un hombre-una mujer. Finalmente, se incluye la paridad en las listas de candidatos al Consejo Regional y Concejo Municipal.

También se han propuesto modificaciones a ley de organizaciones políticas. En las elecciones internas de candidaturas se plantea que participe la ciudadanía. Se elimina el requisito de presentar firmas de adherentes para la inscripción de los partidos y se sustituye por un número de afiliados no menor al 0.075% de quienes sufragaron en las últimas elecciones al Congreso (actualmente 14,064). Además, se plantea que solo los afiliados a un partido puedan postular en las elecciones internas, y los partidos, para inscribirse, deberán autorizar el acceso a las cuentas bancarias de sus aportes privados a la ONPE. Por último, se propone regular en detalle el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas a fin de garantizar la transparencia.

Estamos ante una agenda de temas clave para el fortalecimiento institucional del país. La clase política debería entender que es indispensable asumir temas estructurales. Un Congreso responsable debería priorizar el debate y, en su momento, la aprobación de las propuestas de reformas planteadas.

En definitiva, el desarrollo económico sostenible de un país está basado en una institucionalidad democrática sólida que garantice la gobernabilidad, la representatividad y brinde servicios básicos y de calidad a la ciudadanía, libres de corrupción. Esta es una de las tareas más importantes que tiene un Estado moderno. Nunca seremos verdaderos ciudadanos y ciudadanas sin ello. La reforma política es clave. Solo con cambios tan relevantes podremos llegar en mejores condiciones al bicentenario.