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Hackeo a Equifax inició la conversación errada

Las empresas pueden comprar su perfil a almacenes de datos, determinar rasgos de personalidad a partir de sus tuits e inferir los riesgos para su salud al estudiar sus hábitos de compra, que son muy fáciles de obtener.

CEO de Equifax renunció tras hackeo masivo del servicio de créditos. (Foto: Bloomberg)

Bloomberg.- El hackeo a Equifax ha comenzado la conversación equivocada sobre la inviolabilidad de nuestra información personal. En lugar de preguntar a quién pertenece, debemos centrarnos en lo a que las empresas y los gobiernos se les permite hacer con ella.

Es lógico que la gente se sienta conmocionada por el robo de datos de unos 145 millones de estadounidenses. Las personas se preguntan, con justa razón, por qué a una compañía se le permite acumular tal cantidad de información sobre ellos sin su consentimiento. Pero impedir que otros tengan acceso a nuestros datos es casi imposible, y no necesariamente deseable.

Compartir es en la mayoría de los casos algo positivo, porque significa que todos podemos acceder a valiosas verdades. Los peligros potenciales dependen en gran medida de cómo respondemos a una pregunta diferente: ¿Qué decisiones importantes pueden hacerse con nuestra información?

Las compañías a menudo no escatiman esfuerzos para proteger su propiedad intelectual, utilizando cajas negras, algoritmos secretos, presentaciones de Power Point controladas por contraseña y acuerdos estrictos de no divulgación. Las personas comunes y corrientes, sin embargo, no podrían hacer nada de eso aunque lo intentaran.

Cámaras omnipresentes capturan nuestras caras y matrículas; los kioscos Wi-Fi se conectan a nuestros teléfonos mientras caminamos; casi todos los clics en Internet son almacenados en alguna parte, a veces por múltiples empresas.No estoy diciendo que la privacidad no tenga sentido, o que se deba acceder a todos los datos.

Me preocupa profundamente la forma en que algunas tecnologías educativas vigilan a nuestros hijos, por ejemplo. Pero soy de la opinión de que en lugar de enfocarnos en el objetivo inalcanzable de "poseer" nuestra información, deberíamos tratar de controlar su uso. Debemos adoptar leyes estrictas —una Declaración de Derechos de los Datos, por así decirlo— describiendo en detalle cómo pueden utilizarse contra nosotros.

Considere el puntaje FICO, que se utiliza en los Estados Unidos para acceder al crédito y, supuestamente, refleja nuestra solvencia. No debería utilizarse en la selección de los candidatos a puestos de trabajo, salvo excepciones específicas, como una posición en la que se manipule efectivo.

La idea de que un puntaje FICO puede predecir la capacidad de alguien para hacer bien un trabajo es a la vez falsa y destructiva.

Genera un ciclo de retroalimentación, en el que las personas que han estado desempleadas por un tiempo encuentran cada vez más difícil conseguir un nuevo trabajo a medida que sus finanzas se deterioran.

Sin embargo, sólo 10 estados prohíben esta práctica. Y ya que estamos hablando de conseguir empleo, el proceso de contratación es un gran ejemplo de un área en la que las personas tienen muy pocos derechos. Es difícil evitar responder preguntas, incluso íntimas, si su sustento depende de ello.

Algunas regulaciones limitan lo que los posibles empleadores pueden preguntar, pero deberían ser revisadas para adaptarlas a la era de los macrodatos.

Las empresas pueden comprar su perfil a almacenes de datos, determinar rasgos de personalidad a partir de sus tuits e inferir los riesgos para su salud al estudiar sus hábitos de compra, que son muy fáciles de obtener.

Tal información puede ser útil en ocasiones para predecir la empleabilidad de alguien, pero el proceso también puede terminar muy mal o engendrar discriminación por motivos de raza y género. Sin las protecciones adecuadas, ir a la farmacia a comprar el medicamento recetado de su abuela podría costarle su trabajo.

Es un mundo nuevo, saturado de información sobre todos nosotros. En lugar de pretender que está bajo control, tenemos que entrar en acción para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Esto no sucederá individualmente, envolviendo nuestros teléfonos en papel de aluminio. Tiene que ser legislado.

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