En Brasil, Colombia, México y Perú las tierras de los indígenas y de otras comunidades locales “capturan más del doble de carbono que las no indígenas”, señalan. (Foto: Difusión)
En Brasil, Colombia, México y Perú las tierras de los indígenas y de otras comunidades locales “capturan más del doble de carbono que las no indígenas”, señalan. (Foto: Difusión)

Brasil, Colombia, México y Perú no podrán cumplir con sus objetivos climáticos para el 2030 a no ser que protejan las tierras de las comunidades indígenas, concluye un informe elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y Climate Focus.

Para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5° centígrados, la comunidad internacional debe tomar en cuenta a los pueblos indígenas y las comunidades locales de esos cuatro países que fueron seleccionados para el estudio por ser los más boscosos del Amazonas.

En Brasil, Colombia, México y Perú las tierras de los indígenas y de otras comunidades locales “capturan más del doble de carbono que las no indígenas”, señalan.

Además, el 80% de estas tierras sirven como sumideros netos (almacenan más carbono del que emiten) debido a sus prácticas tradicionales y sostenibles y al hecho de que en gran parte son bosques vírgenes.

Los autores estiman que si no se aplican medidas para proteger estas tierras “se tendrían que llevar a cabo acciones drásticas prácticamente imposibles en otros sectores”.

Perú, por ejemplo, “tendría que retirar todo su parque automotor para compensar la pérdida de solo la mitad de los servicios de captura de carbono que proporcionan los bosques que están en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, afirma Darragh Conway, consultor jurídico principal de Climate Focus.

Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80% de su flota de vehículos y México el 35% para compensarlo.

En los cuatro países estas tierras están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala, muchas de las cuales son ilegales y están vinculadas a la corrupción y la colusión entre gobiernos y actores ilegales, denuncia el estudio.

Los autores instan a los gobiernos a acelerar la titulación y garantizar que las comunidades indígenas y locales tengan plenos derechos sobre la tierra que poseen, así como a respetar su derecho “al consentimiento libre, previo e informado” antes de llevar a cabo proyectos en su territorio.

Los cuatro países se quedan cortos a la hora de tomar en cuenta estas tierras en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), es decir en sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

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