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(AFP) Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley que apunta sanciones contra funcionarios venezolanos señalados de socavar la democracia en ese país, sumido en una enorme crisis política y económica.
De ser aprobado por el Congreso, se transformarán en ley las sanciones decretadas en marzo del 2015 por el entonces mandatario Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos tras la violenta represión de manifestantes en el 2014, especialmente las previstas contra la "corrupción" o los actos que "socaven la gobernanza democrática".
El proyecto autoriza también US$ 10 millones para el suministro de medicinas y alimentos a Venezuela y otros US$ 9.5 millones para grupos de defensa de derechos humanos, a la vez que llama a las agencias de inteligencia a reportar los vínculos de funcionarios venezolanos con el narcotráfico.
La iniciativa, conducida por el senador demócrata Ben Cardin y el republicano Marco Rubio y apadrinada por otros siete pesos pesados del Senado, responde a la ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro que deja un saldo de 31 muertos desde el 1 de abril.
"Los civiles venezolanos están siendo heridos y matados por su propio gobierno mientras el dictador Maduro y sus matones usan la violencia para suprimir protestas pacíficas y prodemocráticas", dijo Rubio en un comunicado.
El amplio texto de 27 páginas también incluye condiciones que respaldan una estrategia en conjunto con los países del continente para mejorar la situación humanitaria en Venezuela y los esfuerzos de restauración democrática conducidos por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
Petrolera rusaEl gobierno de Maduro inició la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), que considera "al servicio de intereses hegemónicos imperiales", a raíz de que el bloque convocó una cita de cancilleres para discutir la crisis sin el aval de Caracas.
"Estados Unidos debe liderar un esfuerzo amplio con países de las Américas para detener la hemorragia de Venezuela y nuestro proyecto le dará al gobierno las herramientas y recursos necesarios para eso y para apoyar los derechos humanos fundamentales de los venezolanos", dijo Cardin, quien añadió que la restauración democrática en ese país es de "interés estratégico" para Washington.
El proyecto de ley también insta al presidente Donald Trump a tomar "todas las medidas necesarias" para prevenir que la petrolera rusa Rosneft tome control de la infraestructura energética de Estados Unidos.
Rubio manifestó recientemente su inquietud sobre la posibilidad de que Rosneft adquiera el control de Citgo, filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Citgo fue presentada como garantía de PDVSA en una emisión de deuda en diciembre que fue suscripta por Rosneft. Si PDVSA no pudiera reembolsarla, Rosneft podría reclamar que se le entregara Citgo como indemnización.
El proyecto de ley también expresa apoyo para avanzar en la "independencia energética del Caribe", una medida que buscaría cortar la dependencia de esa región del suministro preferencial de petróleo venezolano, y que ha sido un baluarte diplomático para Caracas.
Los legisladores de la Cámara de Representantes también presentaron un proyecto de ley sobre Venezuela.
El republicano Carlos Curbelo dijo que se unió a los demócratas en presentar una iniciativa que permitiría a los venezolanos que viven en Estados Unidos "obtener refugio", siempre que no tengan antecedentes penales y no estén involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Las sanciones decretadas por Obama en el 2015, de la que fueron objeto el director del servicio de inteligencia y el director de la Policía Nacional, incluyen la congelación de activos y prohibición de visas estadounidenses.
Además, en agosto del 2014 el Departamento de Estado negó visas a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las protestas de ese año.
Las agrias relaciones entre los dos países, sin embajadores desde el 2010, dieron otro paso hacia peor el martes, cuando el Departamento de Estado dijo que el llamado del gobierno venezolano a una Asamblea Constituyente "erosiona la democracia" en ese país.
A pesar de las diferencias políticas, Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano.