Segura detalló que, de ser el caso, las denuncias no necesariamente se verían en las próximas sesiones del subgrupo de trabajo el 8 y 9 de este mes porque ya hay una agenda contemplada. (Foto: GEC)
Segura detalló que, de ser el caso, las denuncias no necesariamente se verían en las próximas sesiones del subgrupo de trabajo el 8 y 9 de este mes porque ya hay una agenda contemplada. (Foto: GEC)

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), aseguró que la priorización de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Pedro Chávarry debería pasar por la aprobación del pleno de dicho grupo de trabajo.

“[¿Qué requisito debe cumplirse para priorizar la denuncia?] Simple y llanamente que se apruebe en el pleno de la subcomisión como ha pasado en el caso que hoy ya se está esperando el informe final con respecto al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry”, aseveró en RPP.

Asimismo, indicó que hasta el momento la denuncia no ha llegado a la subcomisión, por lo que no ha podido revisar los argumentos en los que está basada. 

“Tiene que llegar la denuncia a la subcomisión, mientras no llegue -porque hasta el momento no ha llegado- no puedo adelantar nada al respecto”, refirió César Segura.

Además, el legislador reiteró que el acuerdo de revisar las denuncias por orden cronológico se aprobó en una de las sesiones del grupo de trabajo, por lo que no responde a una decisión personal.

“Todos los casos se deben ver con prioridad, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de llevar el tema de manera cronológica como se aprobó en una sesión, no es un tema del presidente sino que es una aprobación dentro del pleno de la sesión de la subcomisión. Este tiene unos requisitos para poner prioridad porque hay como 100 o 90 denuncias constitucionales, donde los denunciados están clamando que se vea su caso”, dijo.

Como se recuerda, el último miércoles la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pedro Chávarry, por los presuntos delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objetos, por la irrupción en las oficinas lacradas del Ministerio Público y la sustracción de documentos, perpetradas a inicios de año.