En su plan de gobierno, Perú Libre establece la "Economía Popular con Mercados”. (Foto: GEC)
En su plan de gobierno, Perú Libre establece la "Economía Popular con Mercados”. (Foto: GEC)

El primer ministro, Guido Bellido, advirtió hace unos días que si el consorcio formado por Pluspetrol (27% de participación), por la estadounidense Hunt Oil (25.1%), la coreana SK Innovatión (17.6%), la española Repsol (10%), la argentina Tecpetrol (10%), y la argelina Sonatrach (10%), se niega a “renegociar” el reparto de beneficios a favor del Estado se procederá a nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea (región de Cusco).

“Nacionalizar” Camisea le costaría al Estado -a todos los peruanos- casi 30 veces de lo que se invierte Educación al año: US$ 30,000 millones, es decir, más de S/ 123,000 millones, según estimados de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

¿Qué busca cuando dice nacionalizar los recursos? Recordemos que el plan de gobierno de Perú Libre planteaba el cambio del modelo económico conocido como Economía Social de Mercado hacia otro que el ahora presidente de la República, Pedro Castillo, denominaba “Economía Popular con Mercados”.

Si bien el jefe de Estado aseguró que la posible renegociación del contrato sobre la operación en Camisea se realizará respetando el estado de derecho, ¿qué debemos entender cuando el premier hablar de nacionalizar?

El constitucionalista explicó que el término nacionalizar no existe, “porque significaría que algo dejó de ser peruano y hay que recuperarlo para que sea peruano. No se puede nacionalizar lo que ya es nacional. Es un eufemismo, que lo que quiere esconder es una suerte de expropiación velada”.

“Si se dice: vamos a nacionalizar el gas, está diciendo que el gas no es peruano y que hay que recuperarlo, pero el gas es peruano y de acuerdo a la Constitución los recursos naturales son patrimonio del Estado. Lo que se hace es una concesión para que un tercero lo explote y es un tema diferente”, agregó.

Desde su opinión, lo que Perú Libre pretende es renegociar un contrato a la fuerza, “lo cual es contradictorio porque un contrato es un acuerdo de voluntades, no existe el acuerdo forzado”, precisó.

En ese sentido, explica que cuando el partido de Gobierno dice que va a nacionalizar, se estaría que van a ‘recuperar’ un producto peruano que está siendo explotado por manos extranjeras. “El problema es que para explotar un producto se requiere capital y el Estado peruano no tiene ese dinero”.

“Precisamente por la estabilidad jurídica es que vienen inversionistas extranjeros y si supieran que les van a quitar no vienen”, añade.

De acuerdo a la Constitución un acuerdo solo se modifica de tres maneras: por la voluntad de las partes en común, por sentencia judicial o por laudo arbitral.

“La ley no puede modificar un contrato y el Ejecutivo no puede hacerlo a través de normas. Todo esto es para amenazar al concesionario y se sienten a negociar, pero si ellos no quieren no negocian”, resaltó Quiroga.

Entonces, para recuperar los recursos, ¿el Gobierno puede expropiar? No. Esta figura solo la hace el Congreso y se requiere: ley de la República, declaración de necesidad y utilidad pública y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

Por su parte, el constitucionalista  indicó que para ‘nacionalizar’ se requeriría una nueva Constitución, porque con la actual esto no es posible.

“El concepto de nacionalización no está regulado, se sabe en qué consiste y ha pasado en Bolivia. En la teoría es reservar actividades que realizan los privados y dársela al Estado. O sea, eso que antes hacía el sector privado ahora lo hace el Estado. Es ha pasado en Bolivia con el tema de las pensiones y recursos naturales”, detalla.

“Si una actividad la viene realizando el sector privado una ley en el Perú no se lo puede quitar con esta Constitución que garantiza la estabilidad de los contratos; y una ley no puede modificar un contrato. Lo que sí se puede hacer en negociar”, agrega Abad.

Cabe señalar que, en la historia del Perú, en la época militar, -mucho antes de la Constitución vigente- se nacionalizó la actividad pesquera.

“La pesca estaba a cargo del Estado, luego en los 90 vienen los procesos de privatización. El régimen del 93 fue bastante claro al establecer un modelo económico que lo que busca es garantizar la estabilidad de los contratos”, precisó.

Para Abad, el anuncio de Perú Libre de nacionalizar es un pedido de negoción con amenaza.

intentó comunicarse el miércoles con los congresistas de Perú Libre; sin embargo, por la sesión del Pleno del Congreso no se concretaron las entrevistas.