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La bancada de Perú Libre presentó un proyecto de ley para reducir a S/ 15,600 los ingresos mensuales de los altos funcionarios públicos.
Se propone este monto de referencia pues es la remuneración del Presidente de la República, indica el proyecto N° 265/2021-CR, presentado por Alfredo Pariona y también firmado por el vocero y otros parlamentarios de su bancada.
La iniciativa legislativa señala que son muchos los funcionarios públicos que reciben ingresos superiores a los del presidente. Por ejemplo, indica que los Ministros de Estado perciben S/ 30,000 al mes y los viceministros S/28,000.
Asimismo, refiere que los jueces supremos titulares de la Corte Suprema ganan S/ 42,717 en caso superen los cinco años en su puesto y S/ 34,900 en caso aún no hayan cumplido ese periodo de tiempo.
También los siete magistrados que conforman el Tribunal Constitucional tienen ingresos mensuales de S/ 35,000.
Además, el proyecto señala que dentro del Banco Central de Reserva del Perú existen 18 funcionarios con cargos gerenciales y de asesores que perciben sueldos superiores a los S/ 25,000.
“Los referidos sueldos resultan cuestionables dada la coyuntura actual en donde como consecuencia del estado de emergencia y las medidas de contención para evitar la propagación del COVID-19 es que se ha producido la paralización de diversos sectores productivos”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley.
La iniciativa legislativa detalla que la medida será aplicable para el Presidente de la República, los Ministros de Estado, Congresistas de la República, autoridades electas o designadas en sus tres nieles de gobierno, los viceministros, los secretarios generales, directores generales / jefes de oficinas generales, titulares de organismos públicos, directivos y funcionarios del Banco Central de Reserva, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo.
Asimismo, rectores y vicerrectores de universidades públicas, miembros de tribunales administrativos, organismos constitucionalmente autónomos, directores de todas las entidades públicas y empresas del Estado en sus tres niveles de gobierno.
Además, remarca que sería aplicable para los servidores del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Judicial, bajo cualquier modalidad de contrato por el cual prestan servicios.