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Han pasado casi tres años desde que el Estado declaró la nulidad del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), de US$ 7,300 millones, donde -en ese momento- Odebrecht tenía el 55%, luego de que el consorcio donde participaba no pudiera concretar el cierre financiero.
Una vez que se dio por terminado el contrato con el consorcio (inicialmente conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero), el Gobierno anunció que el nuevo GSP (hoy conocido como SIT Gas) se licitaría en el 2018. Posteriormente, ProInversión reconoció que se daría en el 2019. Y ahora se espera que la licitación tenga lugar en el 2020.
En este contexto, el primer ministro, Vicente Zeballos, declaró que la consultora internacional Mott MacDonalds, encargada de elaborar un documento que definirá el diseño y el esquema de financiamiento del nuevo GSP, emitirá su informe definitivo en marzo. Y como resultado de ello, se convocará al proceso de licitación.
“El proyecto está paralizado. El mantenimiento del Gasoducto Sur Peruano nos cuesta aproximadamente US$ 50 millones al año”, anotó el premier.
En la misma línea, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, recordó sobre los activos del GSP, de propiedad de las empresas consorciadas, que están sujetos a evaluación por la consultora mencionada.
El titular del sector afirmó que en las próximas semanas Mott MacDonalds va a dar a conocer -en su informe- en cuánto podrían valuarse dichos activos. “Ya tomando en consideración este monto, va a ser evaluado si podríamos llegar a un acuerdo con las empresas (del consorcio) a efectos de tomar dicho valor en el concurso con el cual el nuevo proyecto SIT Gas, que es uno de los priorizados dentro del Plan Nacional de Infraestructura, va a ser llevado adelante”, explicó.
Cabe recordar que el proyecto Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País (SIT Gas) pasará por las regiones de Cusco, Arequipa y Moquegua; y se encuentra “por convocar” en la cartera de proyectos de ProInversión.
Enagás
En otro momento, Zeballos recordó que Enagás, otra de las empresas que formaron parte del consorcio en el proyecto GSP, demandó al Estado por cerca de US$ 500 millones. “Los procedimientos ante estas instancias de arbitraje internacional son bastante complejos y dilatados. En el caso de la demanda arbitral del caso de Enagás, se emitirá el laudo en diciembre del 2022”, refirió.
Ya en octubre pasado, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, refirió que de acuerdo al calendario procesal aprobado por el Tribunal Arbitral, los asesores legales de la compañía estimaron que el laudo que pondrá fin al procedimiento arbitral se emitiría en el 2022.
Para este caso, el Estado contrató a una consultora especializada en estas materias: el estudio Arnold & Porter. “Entiendo que este mismo estudio jurídico internacional debe ser el que dé soporte procesal en la demanda de Odebrecht (contra el Estado peruano)”, anotó en conferencia.
“El mantenimiento del Gasoducto Sur Peruano (GSP) nos cuesta unos US$ 50 millones al año”, refirió el primer ministro.
OtroSí Digo
Odebrecht y sus proyectos en Perú
Ejemplos. En el 2017, cuando se declaró nulo el contrato del GSP, Odebrecht no solo estaba involucrado en este proyecto. De hecho, formó parte de la IIRSA Norte, IIRSA Sur (tramos I y II), también en ese año estaba en proceso la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. La empresa estaba en el proyecto de irrigación Olmos y planeaba desarrollar el proyecto Belo Horizonte y Chadín 2.