La comisión de Ética ha estado muchas veces envuelta en la polémica. Hace unos días renunció el presidente de dicha comisión, el fujimorista Juan Carlos Gonzales, y se convirtió en el segundo presidente renunciante luego de Segundo Tapia, también fujimorista.
Actualmente, la comisión está conformada por 9 miembros. De estos, Fuerza Popular, mayoría en el Congreso, tiene 4 integrantes. Además, tienen el voto del presidente de la comisión que funciona, en caso no haya una decisión por mayoría, como dirimente.
Tras archivar el caso de Yesenia Ponce, congresista fujimorista que fue denunciada por haber pagado S/ 10,000 para obtener un certificado de estudios del colegio particular Mariscal Toribio Luzuriaga, Gonzales renunció a la presidencia.
Una situación similar ocurrió con Segundo Tapia, quien, para mayo del 2017, renunció a la presidencia y abandonó la comisión de Ética (fue reemplazado por la fujimorista Milagros Salazar) luego que en el Pleno del Congreso se rechazaron los informes que recomendaban suspender a los fujimoristas Yesenia Ponce (120 días) y Clayton Galván (90 días) y el aprista Elías Rodríguez (30 días).
Entre otros episodios, la comisión también había recomendado suspender a Maritza García (de la facción de Kenji Fujimori) cuando era parte de Fuerza Popular y a Carlos Bruce. Ambos casos todavía no se resuelven ya que el caso de García fue devuelto a la comisión y el de Bruce no entra aún a debate.
Tampoco prosperó la investigación en contra de los congresistas fujimoristas (Rosa Bartra, Luz Salgado, entre otros) que intervinieron durante los allanamientos de la fiscalía a dos locales de Fuerza Popular.
Entre las últimas decisiones de Ética, decidieron investigar a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel por las negociaciones a favor de la no vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. También investigarán a Jorge del Castillo y Marisa Glave por presuntamente haber intervenido en la subasta del estadio Unión por parte de la Municipalidad de Barranco.
Tanto Alianza Para el Progreso como Frente Amplio anunciaron la suspensión de su participación en dicha comisión hasta que se dé una restructuración.
Según la ONG Transparencia de 93 denuncias ante la comisión de Ética sólo se han recomendado sanción en 5 casos.
Soluciones
Mientras Alianza Para el Progreso busca que cada bancada tenga un representante en la comisión de ética. Actualmente, existe un proyecto de ley –1023/2016- propuesto por el ex miembro de la bancada oficialista, Alberto de Belaúnde y el congresista –aún de PPK- Guido Lombardi.
Esta propuesta consiste en modificar la estructura de la comisión de Ética (art. 9 del Código de Ética Parlamentaria). Así, no serían congresistas los que la conformarían sino que serían un expresidente del Congreso (sin militancia partidaria), un excongresista, un profesor principal de Derecho (de una universidad licenciada por la Sunedu), un ciudadano elegido por la Defensoría del Pueblo y un ciudadano elegido por Acuerdo Nacional.
Una vez que esta comisión evalué determinado caso, el informe pasaría al Pleno donde se tendría la decisión final.
Según proponen, todos los miembros tendrán dicha condición por 5 años sin derecho a ser reelegidos.
Si bien es improbable, en función a las decisiones tomadas y la mayoría fujimorista en el Congreso- que este proyecto vea la luz, la idea es debatir mecanismos de eficiencia en la labor congresal.