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FOTO 1 | Decenas de miles de personas expresaron hoy en las calles de Barcelona su rechazo a la declaración de independencia aprobada el viernes pasado por el Parlamento de esa región y clamaron en favor de la unidad de España. (Foto: Reuters)

El hecho de que esas elecciones sean convocadas por el Ejecutivo español en aplicación de la Constitución genera un problema a los partidos secesionistas, que ahora han de debatir si concurrirán, lo que de algún modo supondría aceptar el marco generado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

En caso de no hacerlo los independentistas quedarían fuera de las instituciones autonómicas los próximos años.

A este respecto, el cesado vicepresidente del Gabinete regional catalán, Oriol Junqueras, publicó hoy un artículo en el diario El PuntAvui en el que escribe que "en los próximos días tendremos que tomar decisiones, y no siempre serán fáciles de entender".

"No tenemos ninguna otra opción que seguir hacia adelante, que acumular fuerzas, que saber encajar los golpes para volvernos a levantar, sin renunciar nunca a las urnas para validar la república, y preparando a la vez unos futuros comicios municipales que deben ser claves en el asentamiento de esta república", añade el político secesionista.

Junqueras es presidente de ERC (republicanos de izquierda), al que una encuesta que hoy publica el diario El Mundo otorga la condición de más votado, por delante de los liberales de Ciudadanos y los socialistas del PSC.

Sin embargo, una hipotética reunión de los partidos independentistas que hasta ahora han impulsado ese proceso no alcanzaría la mayoría absoluta del Parlamento catalán, que sí ha tenido en la legislatura recién acabada.

La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de cesar al Gabinete catalán ha tenido algunos detalles visibles: los Mossos d'Esquadra (Policía regional) han recibido una orden interna para retirar de sus comisarías las fotografías oficiales del hasta ahora presidente, Carles Puigdemont.

Mañana lunes el Gobierno español asumirá plenamente la administración regional en el primer día laborable después de la aplicación del decreto constitucional y de la destitución de Puigdemont y su equipo.

Todo ello con la convicción de que los funcionarios autonómicos serán leales a los nuevos responsables de la Administración autonómica y de que estarán al lado de la ley.