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El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, tiene previsto recibir el 17 de agosto el dictamen pericial del patrimonio de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanela, ambos investigados por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal en el caso Odebrecht.
Así lo revela la disposición fiscal N° 166 a la que accedió Gestión. Como se recuerda, Pérez ordenó el 17 de diciembre del año pasado una pericia contable al patrimonio de los esposos Villanella Fujimori del periodo 1 de enero de 2010 al 30 de noviembre de 2019.
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El despacho del fiscal Pérez acordó el 17 de febrero de este año que los peritos contables Eda Concepción Gamarra y Tomás Cosco Rosas se encargen de las diligencias.
El informe iba ser entregado en 60 días hábiles. Sin embargo, ante la declaración del Estado de Emergencia por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del covid-19, las pericias no pudieron realizarse.
Es por ello que recién el 17 de agosto, Pérez espera recibir la documentación para continuar con las pesquisas contra Keiko Fujimori y así, finalmente, acusarla.
Oficio al banco Scotiabank
Según la disposición fiscal N° 166, el fiscal José Domingo Pérez también tiene en su agenda la entrega de los dictamenes periciales a las campañas del fujimorismo de los años 2011 y 2016, los días 14 y 26 de setiembre, respectivamente.
Igualmente, Pérez mandará un oficio al banco Scotiabank en el que solicitará los estados de cuentas mensuales del partido Fuerza Popular del periodo enero 2015 a diciembre 2016.
De acuerdo la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.
A cambio de este aporte, una vez en el poder, Fujimori debía entregar a la constructora brasileña “la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
“Esto se ocultó a través de actividades proselitistas, como los cócteles o las campañas para recaudación de fondos”, dijo Pérez en distintas audiencias