Jorge Barata es colaborador eficaz de la Fiscalía. (Foto: Andina).
Jorge Barata es colaborador eficaz de la Fiscalía. (Foto: Andina).

El Equipo Especial Lava Jato tiene previsto interrogar a Jorge Barata y otros dos exdirectivos Odebrecht por los US$ 31 millones en sobornos que entregó la constructora al expresidente Alejandro Toledo, a cambio de adjudicarse los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Gestión conoció que los fiscales y Rafael Vela Barba viajarán mañana a Brasil para realizar estas diligencias entre el 30 y 31 de enero.

El procurador ad hoc Jorge Ramírez también estará presente en los interrogatorios, con el fin de obtener más pruebas para el cobro de reparación civil de exfuncionarios y empresarios que habrían recibidos pagos ilícitos.

Además de Barata, el Equipo Especial interrogará a Eleuberto Antonio Martorelli y Luiz Alberto de Meneses Weyll por el mismo caso.

De acuerdo a fuentes, Pérez preguntará más detalles sobre la ruta del dinero para el pago de coimas de Alejandro Toledo.

La Fiscalía tiene previsto acusar al prófugo expresidente por el presunto delito de lavado de activos a más tardar en el mes de marzo.

¿De qué más se preguntará?

Fuentes de Gestión informaron que el jueves 30 de enero, el primer día de interrogatorios a Jorge Barata, la agenda será abierta.

Trascendió que el Equipo Especial ya recibió nueva información de los sistemas My Web Day y Drousys sobre otras obras en las que Odebrecht pagó sobornos. Hasta hoy, no se conocen los casos involucrados.

Se espera que Barata explique a los fiscales la ruta del dinero y a quiénes más entregó coimas en nuestro país, ya que es su obligación por ser colaborador eficaz.

El 31 de enero, por su parte, Eleuberto Antonio Martorelli será preguntado por más detalles en el caso Gonzalo Monteverde.

El empresario está prófugo desde el 23 de febrero del año pasado. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses.

Para la Fiscalía, Monteverde habría blanqueado US$ 29 millones de Odebrecht a través de empresas offshore.

La millonaria suma habría servido para realizar pagos ilícitos a funcionarios peruanos que los favorecían en las licitaciones de obras.