:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BCT7IHQQYFASPOHI7RS2YD3GCI.jpg)
La constructora Graña y Montero firmó un acuerdo preliminar con la Fiscalía y Procuraduría ad hoc para buscar convertirse en colaborador eficaz (Gestión 27.12.2019).
No obstante, la compañía no necesariamente acreditará información en el convenio sobre todas las investigaciones del Equipo Especial.
Así lo revela un documento de consulta del estudio Hernández & Cía. Abogados, que la propia constructora hizo conocer a la Superintendencia del Mercado de Valores como hecho de importancia.
“No sería necesario que la compañía acredite información en todos los casos, bastará con una evaluación global de la información presentada, y que la compañía reconozca culpabilidad en cada uno de ellos”, reza el oficio al que accedió Gestión.
Inicialmente, según el documento, Graña y Montero reconocería delitos en los casos Club de la Construcción, Gasoducto Sur, Interoceánica Sur y Metro de Lima.
Sin embargo, el estudio recomienda que admitan culpabilidad en otros que a la fecha no tienen investigación abierta por la Fiscalía con ciertas reglas.
En otro párrafo, sugieren a la empresa a firmar el acuerdo global de colaboración eficaz con un único pago de reparación civil.
“Aconsejamos introducir en la negociación del acuerdo, la posibilidad de que los bienes o derechos de GyM en Gasoducto Sur puedan servir para pagar parte de la reparación civil”, señala el estudio jurídico a Graña y Montero.
A diferencia del convenio de colaboración eficaz con Odebrecht en la que se fijó la reparación civil en S/ 610 millones más los intereses legales, por el reconocimiento de pago de sobornos en cuatro obras, en el acuerdo de Graña sería distinto.
Los abogados Juan Luis Hernández, Gonzalo del Río y Alfredo Filomeno afirman que “se mantendrá impredictibilidad sobre el monto final de la reparación civil hasta que cesen todos los procesos judiciales”.
Finalmente, los letrados estiman que el proceso judicial de la empresa podría durar entre tres a cinco años más. El costo estimado de esos litigios alcanzarían hasta los US$ 2 millones anuales.
Desistimiento de arbitraje
La semana pasada, Graña y Montero desistió de la solicitud de arbitraje que había presentado ante el Ciadi por el Gasoducto del Sur (Gestión 27.12.2019).
Ahora la empresa se propone celebrar el próximo 3 de febrero una junta general de accionistas para ratificar la decisión de celebrar un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía.
La marcha atrás se debió principalmente a dos informes presentados por asesores legales de la empresa: Hernández & Cía. Abogados, así como Miranda & Amado.
Los informes de ambos bufetes fueron presentados por Graña y Montero a la Superintendencia del Mercado de Valores.
En el primer caso, se plantean alternativas de cómo puede resultar conveniente para la constructora el acuerdo de colaboración eficaz.
Para Miranda & Amado, el retiro de la solicitud de arbitraje no implica una renuncia de la compañía a someter en el futuro otra vez la controversia por el Gasoducto del Sur a un proceso de arbitraje ante el Ciadi, ni la renuncia a los derechos reclamados en la solicitud.