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Lima.- El gobierno peruano presentó al Congreso un proyecto de ley que plantea que las reparaciones civiles en condenas por terrorismo no prescriban, entre otras modificaciones para el procesamiento por estos delitos, según se informó hoy en Lima.
El proyecto tiene por objetivo modificar el Código Procesal Penal para regular medidas de eficacia para una correcta persecución y oportuna sanción de los delitos de terrorismo, reportó la agencia estatal Andina.
Una de las principales modificaciones es que la reparación civil en casos de terrorismo tenga la condición de imprescriptible, dado que el ministerio de Justicia registra una deuda por más de S/ 6,700 millones (US$ 2,000 millones) de sentenciados por terrorismo.
Entre los deudores están los cabecillas de la banda armada Sendero Luminoso, que deben más de S/ 3,700 millones (US$ 1,138 millones), y los líderes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), que adeudan alrededor de S/ 50 millones (US$ 15 millones).
Ambas organizaciones son las principales responsables de las 69,000 víctimas por la violencia terrorista desatada en el país entre 1980 y 2000, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Aunque el Código Penal no establece la prescripción para el pago de las reparaciones civiles, la Segunda Sala Penal Transitoria Liquidadora de Lima emitió un fallo en marzo último a favor de los empresarios Samuel y Mendel Winter, condenados por corrupción, que declaró la prescripción de sus reparaciones al cabo de diez años, tomando como referencia el Código Civil.
En opinión del procurador especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, ese fallo puede abrir a la posibilidad de que otros sentenciados puedan pedir la prescripción de sus respectivas reparaciones civiles.
El proyecto de ley del Ejecutivo también incluye que la prisión preventiva podrá prolongarse hasta por 36 meses, en el caso de que la condena sea mayor a 25 años de cárcel para el juzgamiento de cabecillas y que el daño haya tenido repercusión nacional.
El procesamiento tendrá audiencias privadas diarias y consecutivas hasta su conclusión, y el impedimento de salida del país de los sentenciados por terrorismo no caducará hasta que pague el total de su reparación civil, según plantea la iniciativa del Ejecutivo peruano.