BAJO LA LUPA. A comienzos de la semana, un estudio de la , liderado por Enrique Vásquez, sobre los programas sociales del Gobierno de Ollanta Humala, advirtió de que solo el año pasado se perdieron S/. 900 millones por filtraciones. En el caso de Qali Warma, programa que ha estado bajo la lupa últimamente por la intoxicación de más de 600 niños, el costo de las filtraciones superó los S/. 100 millones.

La semana pasada, mientras tanto, se dieron a conocer los análisis de la Dirección Regional de Salud () sobre la intoxicación de más de un centenar de niños en Huancayo ocurrida a fin de setiembre. Los resultados mostraron que la contaminación de los productos se debió a la inadecuada manipulación de los alimentos. Según el informe, algunos de los insumos utilizados ni siquiera cumplían con los parámetros exigidos por el programa.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar ("niño vigoroso"), pues, nació como una alternativa de emergencia frente a los escándalos de corrupción que se habían desatado en el Pronaa en relación con sus proveedores. Con el fin de limpiar esta imagen lo más rápido posible, el Gobierno introdujo un programa que atomizaba a sus proveedores (de forma que no solo se ayudaría a los estudiantes sino también a cientos de productores). El problema es que ha demostrado no tener la capacidad para controlarlos.

Según , durante la investigación se encontraron 7 u 8 proveedores sin RUC. Aproximadamente, un tercio de los recursos del programa fueron adjudicados a negocios cuya ocupación principal no gira alrededor de la alimentación. 47% de las personas naturales y el 45% de las empresas no tenía experiencia previa con el Estado. Además el 5% de los proveedores tiene un riesgo alto en el sistema financiero y un 34% tiene un riesgo medio.

El viceministro de Políticas y Evaluación Social del Midis, Juan Pablo Silva, ha cuestionado la exactitud de las cifras arrojadas por el estudio mencionado. Lo que es incuestionable, sin embargo, es que algo no está funcionando del todo bien.

Curiosamente, a pesar de todo esto, solo el 18% de los peruanos pide la suspensión de Qali Warma. El 79% exige revisar y mejorar el programa. Si el Gobierno no quiere que estos números se inviertan sería sabio escuchar algunas de las propuestas de afuera. Nadine Heredia ya dio el primer paso al admitir que el programa requiere "ajustes".