El Ministerio Público dispuso formalizar investigación preparatoria contra el extitular de la Contraloría General de la República, Edgar Alarcón Tejada, como autor del presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Este proceso se le inicia por haber autorizado pagos presuntamente irregulares a favor de más de un centenar de exfuncionarios de dicha institución, entre ellos a Marcela Mejía Franco, madre de sus dos hijos menores, quien se habría beneficiado con el pago de S/ 127,000.

La medida fue adoptada por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Zoila Sueno Chirinos, como parte de la investigación iniciada tras la denuncia pública efectuada por el auditor de la Contraloría General, Walter Grados Aliaga.

De acuerdo a la investigación preliminar de la fiscalía sería un total de 121 convenios de término de contrato de trabajo por mutuo disenso los que se habrían celebrado bajo la anuencia de Alarcón Tejada, quien se desempeñó como genere general de la institución en el 2010.

Dichos convenios se habrían realizado contraviniendo diversas disposiciones como la del MEF donde se establece que debe contarse con un informe favorable de este portafolio.

Así, más de un centenar de servidores de la Contraloría se habrían beneficiado con el pago de incentivos de un sueldo y medio por año, ocasionando con ello un grave perjuicio al Estado pues ese beneficio solo se da en casos en que un trabajador es despedido arbitrariamente.

La disposición fiscal comprende a 118 funcionarios de la Contraloría, quienes habrían actuado irregularmente en la emisión de las liquidaciones por beneficios sociales y aprobación de comprobantes de pago.

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