La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, señaló que “no tiene ni pies ni cabeza” su inclusión en la investigación fiscal por presunto lavado de dinero por la supuesta financiación ilícita cometida por el partido Perú Libre para costear las campañas electorales de varios de sus integrantes.
La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue imputada por haber abierto a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudaran al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado por corrupción.
La vicepresidenta recordó que ya declaró ante el fiscal sobre este asunto y señaló que no tiene problema en ser interrogada las veces que haga falta.
“Conforme vaya avanzando la investigación, la Fiscalía nos va a tener que retirar del expediente porque no tiene ni pies ni cabeza”, aseguró Boluarte durante una visita a la región de Ica.
“Yo descarto que haya persecución política. Que se investigue y yo responderé las veces que haga falta ante la Fiscalía”, agregó.
Boluarte afirmó que son “inocentes” tanto ella como el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Grajeda, con quien compartía la titularidad de la cuenta bancaria.
Asimismo, la vicepresidenta confió en que su imputación no vaya en la línea de colaborar con la oposición para promover una destitución presidencial y sacar del poder tanto al actual presidente de Perú, Pedro Castillo, como a ella.
También reiteró que la cuenta bancaria era totalmente transparente y no cometieron ninguna ilegalidad en abrirla a petición del secretario general del partido.
A través de su cuenta de Twitter, Boluarte dijo este domingo que confía en que no se utilice con “intereses políticos” la investigación fiscal que la incluye por el presunto delito de lavado de activos
De acuerdo con el testimonio de un colaborador eficaz de la Fiscalía (delator premiado), esa cuenta bancaria recibió supuestamente dinero de sobornos cobrados por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno regional de Junín, en poder del marxista partido Perú Libre.
La administración a cargo de Perú Libre en la céntrica región de Junín también obligaba presuntamente a sus trabajadores temporales a aportar S/ 100 (unos US$ 25) mensuales a la cuenta abierta por Boluarte y Grajeda bajo amenaza de no renovar sus contratos.
Desde esa cuenta fueron transferidos S/ 15,709 (unos US$ 4,000) a la cuenta personal de Cerrón, lo que supone una pequeña porción de los S/ 850,000 (unos US$ 215,000) a los que fue condenado el líder de Perú Libre por un delito de negociación incompatible cuando era gobernador regional de Junín.
Esta condena, que incluye una pena de cuatro años de prisión suspendida, fue la que dejó a Cerrón fuera de las elecciones presidenciales, y en su lugar se postuló el maestro y líder sindical del magisterio peruano Pedro Castillo, que acabó convirtiéndose en el presidente de Perú al ganar los comicios.