Alejandro Salas señaló que intentar desconocer la victoria de Pedro Castillo sería un golpe de Estado. (Foto: Difusión)
Alejandro Salas señaló que intentar desconocer la victoria de Pedro Castillo sería un golpe de Estado. (Foto: Difusión)

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que cualquier intento por desconocer la elección popular que permitió en el 2021 que Pedro Castillo sea elegido como presidente de la República será siempre “un golpe de Estado”.

“Bajo reglas democráticas, la voluntad popular determinó que sea Pedro Castillo quien ocupe la Presidencia por 5 años, cualquier intento de quebrantar lo que el pueblo eligió es y será siempre un golpe de Estado”, señaló.

Alejandro Salas fue designado como nuevo ministro de Cultura en reemplazo de Gisella Ortiz cuando Héctor Valer asumió la presidencia del Consejo de Ministros y mantuvo el cargo cuando el premierato recayó en Aníbal Torres.

Alejandro Salas señaló que intentar desconocer la victoria de Pedro Castillo sería un golpe de Estado. (Foto: Difusión)
Alejandro Salas señaló que intentar desconocer la victoria de Pedro Castillo sería un golpe de Estado. (Foto: Difusión)

El pronunciamiento del titular del Ministerio de Cultura se da luego que el semanario “Hildebrandt en sus trece” publicara un informe señalando que el pasado 9 de febrero se llevó a cabo una reunión en un hotel de Miraflores donde participaron diversos legisladores de bancadas de oposición, incluyendo a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Según ese reportaje, en el almuerzo que se llevó a cabo aquella fecha como parte de un evento organizado por la Fundación Friedrich Naumann, los parlamentarios evaluaron las alternativas para sacar del cargo al presidente Pedro Castillo, incluyendo la posibilidad de una vacancia o la de una acusación constitucional.

Ante esta información, los congresistas no agrupados del Partido Morado retiraron dos proyectos de ley de reforma constitucional. Uno de ellos, que habría sido comentado durante el almuerzo arriba mencionado, planteaba que un presidente pueda ser acusado durante su mandato por delitos de organización criminal y corrupción.