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El proceso de reactivación económica es un reto para no retroceder en las medidas que garantizan la protección ambiental y la participación activa de las comunidades indígenas, consideraron diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Al respecto, Vanessa Cueto, vicepresidenta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), subrayó la importancia de no debilitar a instituciones ambientales como MINAM, OEFA, ANA y SERNANP.
Ello frente a recientes proyectos legislativos, como el 7279/2020-CR, que propone seis fusiones ministeriales, entre ellas la del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente; y el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura, actualmente a cargo de velar por los derechos indígenas.
Considerando el actual proceso de pandemia, Cueto invitó también a repensar el tradicional modelo de planificación de proyectos considerando ahora los aspectos ambientales y sanitarios desde su etapa más temprana.
“Se necesita que en los estudios para los Estudios de Impacto Ambiental se recaude información clave en el tema de salud, y que los instrumentos de gestión ambiental cuenten con la opinión técnica del Ministerio de Salud en la elaboración de EIA”, acotó.
Además, invocó también a no ver el derecho a consulta previa como un obstáculo. “Hay varios vacíos, desde el monitoreo y cumplimiento de los acuerdos resultantes. Requerimos fortalecer a las entidades que hacen estos monitoreos. No utilicemos este derecho para decir que es una traba”, afirmó Cueto en el webinar Balance a un año de la reactivación económica.
El evento virtual fue organizado por la Plataforma para una Reactivación Sostenible como CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Natural Resource Governance Institute (NRGI), así como la organización indígena AIDESEP.
El evento también contó con la participación de Raquel Soto, Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente (MINAM), quien se mostró a favor de reforzar los mecanismos para que los proyectos de inversión pública sean sostenibles.
“En el marco del Invierte.pe, existe en la norma el mecanismo de internalización de los costos ambientales. Sin embargo, falta el cómo. El Ministerio del Ambiente debe reforzarlo, no ir solo a la tramitología, sino influir desde el momento de la idea y formulación del proyecto”, precisó.
Reactivación y minería
Claudia Viale, Oficial Senior para Latinoamérica de Natural Resource Governance Institute (NRGI), describió las características que marcan la actual reactivación económica. “Ha sido intensiva en aumento de la deuda y ha puesto a las industrias extractivas, Minería e Hidrocarburos, como el motor principal de la reactivación”, dijo.
Para Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, el enfoque de recuperación centrado en minería podría revivir antiguos conflictos mineros.
A su turno, Paul Maquet, especialista de CooperAcción, remarcó que la alta cotización de los metales como el cobre y la plata mantendría un nivel importante durante el presente año.
Ello, además, generaría una mayor recaudación tributaria. “Es por eso que consideramos que nada justifica actualmente mantener protocolos flexibles o medidas ambientales de emergencia que ponen en riesgo la vida y salud de los trabajadores, del ambiente y de las comunidades”.
Considerando el actual contexto electoral, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena AIDESEP, invocó al futuro Gobierno a ver el proceso de recuperación desde una óptica más participativa.
“No solamente como una imposición de desarrollo, sino una participación colectiva donde sociedad civil, los pueblos indígenas y el Estado tienen que construir un verdadero desarrollo”.