La actividad de Las Bambas generó múltiples bloqueos en el año. (Foto: GEC)
La actividad de Las Bambas generó múltiples bloqueos en el año. (Foto: GEC)

El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.

Según el texto, el objeto de la norma es permitir el acceso a los servicios públicos y para ello, dispone la autorización de "la expropiación de las áreas que resulten necesarias”.

Como se recuerda, a lo largo del año, el corredor minero fue víctima de constantes bloqueos y declaratorias de emergencia, pues la población local protestaba por el transporte de minerales de la mina de cobre MMG Las Bambas en esa ruta hacia el puerto de Matarani (Arequipa). Actualmente, los vehículos circulan con normalidad.

Durante los próximos 30 días hábiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá identificar el área para la ejecución de la obra, así como los afectados que ocupan y poseen las zonas requeridas.

La lista de personas naturales y jurídicas afectadas se publicará en los 10 días hábiles siguientes, luego que termine la labor de identificación del MTC.

Luego de la publicación, el afectado deberá acreditar su derecho sobre el área en cuestión. En caso de no hacerlo (o no aceptar el pago por el área), el MTC procederá a expropiar el terreno.

La compensación económica, como pago único hacia el afectado, será por un monto no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 5 UIT. Es decir, actualmente se ubicaría entre S/ 4,200 y S/ 21,000.

“El valor de m2 de terreno, para los fines del presente Decreto de Urgencia, es el monto más favorable para el sujeto pasivo obtenido entre las tasaciones realizadas en el corredor vial a la fecha de emisión de la presente norma, distinguiéndose un valor para el tipo o uso de terreno, considerando las características homogéneas del terreno en cada uno de estos ámbitos”, señala el texto.

Además, el Gobierno señaló que garantiza “los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.