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Las perspectivas no son halagüeñas en el 2022 para el presidente Pedro Castillo, quien acaba de salvarse de un juicio político de destitución y está bajo la lupa de la fiscalía en tres casos de presunto tráfico de influencias.
Además de perspectivas económicas a la baja, el próximo año puede asomar un nuevo intento de la oposición en el Congreso para declarar la vacancia presidencial si no amplía sus alianzas, cambia a algunos ministros y corrige algunas iniciativas, advierten los analistas.
El panorama de Castillo evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda, en el 2018 y 2020, respectivamente.
“Mientras subsista la polarización y confrontación entre oficialismo y oposición, ésta última va a continuar intentando desestabilizar al Ejecutivo, aprovechando cualquier error o falta de éste, lo cual no es raro dado el amateurismo y radicalismo del gobierno”, apunta el politólogo Carlos Meléndez, de la consultora 50+1.
Desde la salida de Kuczynski, quien renunció en marzo del 2018 antes de votarse una segunda moción de vacancia, Perú enfrenta casi permanentemente la posibilidad de una abrupta salida de su presidente.
Los choques de poderes llevaron al país a tener hasta tres mandatarios en cinco días, en noviembre del 2020.
Para evitar un desenlace similar, urge bajar la crispación que marca a tambor batiente el ritmo político en Perú y alarma a algunos actores de la comunidad internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el 10 de diciembre su preocupación por cómo se ha desvirtuado “por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú”.
El presidente de México, Andrés López Obrador, quien evita pronunciarse sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela alegando su política de no intervención en asuntos internos de otros países, sí se pronunció sobre la política interna del Perú cuando el 16 de diciembre “denunció” que en Perú había “una especie de preparación a un derrocamiento lanzada por el conservadurismo”.
Castillo, un maestro rural de 52 años cuya mayor parte de su carrera profesional ha estado bajo licencia sindical, y que ganó un reñido balotaje en junio frente a Keiko Fujimori, lleva 150 días de mandato acosado por la incapacidad de su gestión, las pugnas entre las distintas corrientes políticas e intereses de sus aliados y las organizaciones que los respaldan, así como por la oposición, lo que ha catalizado la salida de una docena de sus cuestionados ministros.
Mejorar el gobierno
“La manera como Castillo puede evitar la vacancia es haciendo algo que no hace: armar un buen gobierno y un buen gabinete porque necesita cambios en gestión pública”, considera el analista político Augusto Álvarez Rodrich, pero el problema, añade, es que nadie coopera porque perciben que el gobierno se cae a corto plazo.
Un camino es un giro de timón brusco hacia el centro, una alternativa que se antoja complicada ante el riesgo de una división mayor con la extrema izquierda que lo lanzó a la candidatura presidencial.
“La posibilidad de una moción de vacancia sería lejana si el gobierno fortalece una protección legislativa mediante una alianza parlamentaria con fuerzas afines y de centro”, estima Meléndez.
Fiscales al acecho
Castillo está salpicado por tres escándalos, de supuesta injerencia en ascensos militares y sospechas de sobornos a su entorno más cercano a cambio de la concesión de contratos públicos, que lo debilitan ante sus detractores.
El 28 de diciembre declarará ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el tema militar. Su primer ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, renunciaron por este caso.
Una parte de la oposición promovió, sin éxito, un juicio político con la intención de destituir a Castillo por este tema. Sin embargo, las nuevas denuncias avivan la hoguera de la próxima crisis.
Los fiscales investigan también la concesión de un contrato entre la empresa Heaven Petroleum Operators y la estatal Petroperú.
A su vez, la Procuraduría denunció a Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en la adjudicación de una obra vial en la selva. “Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares”, tuiteó Castillo el martes.
Su desaprobación pasó de 46% en setiembre a 58% en diciembre, su nivel más alto en cinco meses de mandato.