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La Comisión de Justicia y Derechos Humano aprobó por unanimidad (14 votos) el dictamen que propone la Ley que promueve la inscripción de parte en el registro de deudores alimentarios morosos.
La iniciativa se sustenta en el Proyecto de Ley 2002/2021 cuya autoría pertenece a la legisladora Jessica Córdova Lobatón (Avanza País).
El presidente del grupo de trabajo, Américo Gonza Castillo (PL), explicó que la finalidad de esta propuesta es lograr el cumplimiento del pago por alimentos mediante la regulación de la Ley 28970, que establece el registro de deudores alimentarios, y se puedan definir las medidas apropiadas para que se concrete el pago, tanto si el moroso “vive en el país o en el extranjero”.
Además de ello, Gonza Castillo sostuvo que es conveniente señalar que, en la política pública de reforma de la administración del Estado, se precisa que esta problemática va en contra de las personas más vulnerables, informó el Congreso.
El titular de la comisión resaltó que la propuesta persigue “una finalidad constitucionalmente legítima”.
Durante el debate, la legisladora Ruth Luque Ibarra (CD-JP) planteó una reflexión en torno a que la Ley 28970 ya establece la inscripción de los deudores alimentarios a petición de parte, que luego, fue modificada para que este proceso lo haga un juez.
“Esto ya existe, está regulado, y el registro se hace realmente. El problema no es el registro, el problema es que no pagan”, señaló.
Por su parte, la parlamentaria Gladys Echaíz (RP) indicó que, aunque las razones son atendibles, propuso analizar los motivos por los cuales se modificó la norma anterior.
Luego de una breve exposición del secretario técnico, el predictamen fue votado y aprobado por unanimidad.
Penal de Quencoro
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también aprobó el dictamen que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación del establecimiento penitenciario para varones y mujeres de Quencoro, en el distrito de San Jerónimo, provincia y departamento del Cusco. Fue por unanimidad (13 votos)
Américo Gonza Castillo afirmó que la razón fundamental de esta propuesta es la reubicación del mencionado establecimiento penal, ya que se encuentra dentro de una zona urbana, la misma que estaría “vulnerando derechos constitucionales de la población”.
Intervinieron para sustentar y apoyar la aprobación del dictamen el autor de la iniciativa, Luis Aragón Carreño (AP), así como Ruth Luque Ibarra (CD-JP) y Flavio Cruz Mamani (PL).
Aragón Carreño precisó que el objetivo del Proyecto de Ley 313/2021 es llamar la atención y exhortar al Poder Ejecutivo para que la reubicación de este penal se haga realidad. Señaló que existen tres opciones, aunque son proyectos que están inactivos, y finalmente será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien determine cuál es la opción más conveniente.