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Waldo Mendoza: Revolución universitaria

A pesar de un inicio accidentado, hoy es claro que no hay marcha atrás y que las universidades tendrán que adecuarse a la norma.

Universitarios

(Foto: GEC)

Resultados. A fines de marzo del 2019, han sido licenciadas 66 universidades, se les ha denegado el licenciamiento a seis y hay todavía 72 que se encuentran en pleno proceso de licenciamiento. (Foto: GEC)

Waldo Mendoza , profesor del Departamento de Economía de la PUCP

La reforma universitaria propiciada con la promulgación en julio del 2014 de la Ley 30220 y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu ), están produciendo una revolución que ayudará al país a dar un salto cualitativo en la calidad de la educación universitaria. La revolución se ha iniciado a pesar de la oposición, visible o solapada, de parte importante de la clase política del país.

Antes de la promulgación de la ley, el sistema universitario peruano atravesaba por una grave crisis. Una de las razones que explicaba la crisis fue la promulgación en 1996 de la Ley para Promover la Inversión en Educación, que estableció la libertad para que toda persona natural o jurídica pudiera organizar instituciones educativas societarias o con fines de lucro, permitiendo la repartición de las utilidades entre los inversionistas. En ese año, solo existía un total de 28 universidades privadas, todas asociativas o sin fines de lucro. En la actualidad, existen un total de 91 universidades privadas, de las cuales 50 son societarias.

Esa ley tuvo un lado favorable, al ampliar la oferta educativa de nuevas universidades. Alguna de estas resultaron muy buenas pero muchas otras resultaron malísimas. El negocio de las universidades con fines de lucro no se distinguía mucho de un negocio cualquiera, donde las empresas maximizan sus ganancias. Y no existía ninguna regulación sobre ellas.

En teoría, los regulaba la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y su Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu). En la práctica, estas entidades cumplían un papel decorativo y no tenían ninguna supervisión por parte del Estado, tal como lo sentenció el Tribunal Constitucional (TC) en el año 2008. En esa sentencia, el TC declaró que “se ha puesto de manifiesto la renuncia del Estado a su deber constitucional (…) de supervisar la calidad de la educación impartida por las universidades privadas, lo que a todas luces resulta inconstitucional; y por lo cual se ha recomendado al Estado el adoptar inmediatamente las medidas institucionales necesarias para reformar el sistema de la educación universitaria en el país”. El TC, entre las medidas obligatorias, exigió la creación de una Superintendencia altamente especializada y objetivamente imparcial.

La Sunedu empezó a funcionar en enero del 2015. Esta entidad tiene las funciones de licenciamiento (otorgar la licencia de funcionamiento solo a aquellas universidades que cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad- CBC), supervisión (supervisar que las universidades cumplan con la Ley Universitaria), Fiscalización y sanción (sancionar a las universidades que no cumplan con la Ley Universitaria) y administración y registro de grados y títulos. Con la irrupción de la Sunedu, las universidades privadas vieron sus intereses económicos amenazados y algunas autoridades de las universidades públicas intuyeron que podía perder el poder que tradicionalmente habían tenido. Para seguir funcionando, las universidades tenían que alcanzar las CBC exigidas por la Sunedu, para lo cual muchas universidades privadas tenían que hacer grandes inversiones en equipamiento, laboratorios, bibliotecas, contratación de profesores a tiempo completo, etcétera, y no estaban dispuestas a hacerlo. En las nuevas condiciones el negocio universitario ya no resultaba muy rentable.

Los bolsillos afectados, principalmente, y la pérdida de poder de algunas autoridades de universidades públicas, generaron una alianza amplia contra la Ley Universitaria, en general, y contra la Sunedu, en particular. Colegios de abogados, congresistas y ciudadanos presentaron en el 2014 varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria. El objetivo de fondo era derogarla y, en consecuencia, cerrar la Sunedu.

Afortunadamente para el país, en noviembre del 2015 el TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley Universitaria, con cinco votos a favor y dos en contra.

El último intento por debilitar la reforma universitaria se produjo durante el Gobierno de PPK, cuando el entonces ministro de Educación Idel Vexler, en febrero del 2018, nombró como superintendente de la Sunedu a Flor Luna Victoria, exvicerrectora administrativa de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante su breve gestión, pues fue destituida a las tres semanas, se sintieron señales de antirreforma en esta importante institución.

El periodo comprendido entre fines del 2017 y el primer semestre del 2018 fue milagroso para la Sunedu.

Un conjunto de eventos favorables, algunos fortuitos, la empoderaron y actualmente es claro que no hay marcha atrás y que las universidades peruanas tendrán que adecuarse a las exigencias de esta importante institución supervisora.

En primer lugar, se derrumbó la mayoría parlamentaria que cobija en su seno a un grupo de congresistas opuestos a la Ley Universitaria. En segundo lugar, la caída en marzo de PPK, quien no le daba la importancia debida a la Ley Universitaria, y su reemplazo por Martín
Vizcarra, genuinamente interesado en llevar adelante la reforma universitaria, significaron un espaldarazo a la labor de la Sunedu. Por último, y no por eso menos importante, la delegación y el posterior nombramiento en mayo del actual superintendente, Martín Benavides,
le dio el liderazgo y la visibilidad que la institución necesitaba. 

Con el panorama claro de que no hay marcha atrás, de que la Sunedu se queda, un grupo importante de universidades ha entendido, un poco tarde, que tienen que hacer un esfuerzo muy importante para poder seguir funcionando. Como resultado, muchas están realizando esfuerzos millonarios para ser licenciadas y seguir así funcionando. El riesgo de ser cerradas es, actualmente, un riesgo real. Además, los estudiantes están observando con mucha atención esta dinámica compleja en la que un grupo de universidades se licencia, otras están en compás de espera y algunas, ojalá muy pocas, pueden estar lejos de alcanzar las CBC.

A la fecha, fines de marzo del 2019, han sido licenciadas 66 universidades, se les ha denegado el licenciamiento, no podrán seguir funcionando, seis universidades, y hay todavía 72 universidades que están en pleno proceso de licenciamiento. Este proceso impulsa hacia arriba la calidad promedio de las universidades peruanas. No quiero decir, de ninguna manera, que con la Sunedu se resuelven todos los problemas de la universidad peruana. Pero sí me queda claro que las condiciones para enfrentar esos desafíos hoy son mucho mejores que antes.

(*): El autor es también miembro del Consejo Directivo de la Sunedu. Sin embargo, su opinión no representa necesariamente la de la institución.

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