Una descentralización pensada en el ciudadano

El Perú hizo su proceso de descentralización bajo la premisa que las autoridades más cercanas físicamente a su población podrían darles mejores servicios porque conocen mejor sus necesidades y la comunidad al verlos cercanos podrían transmitir con mayor facilidad su voz a las autoridades. En ese sentido, la apuesta de la descentralización era por autoridades que serían capaces de traer más bienestar a sus ciudadanos. En esa lógica, la autoridad no debería tener restricciones para gobernar, dado el estrecho alineamiento de intereses con su población. Hasta ahí la teoría.

En la práctica, nada de lo expuesto ha ocurrido. En el marco del proceso de descentralización en el que nos embarcamos hace dos décadas se les otorgó mayor presupuesto y más responsabilidades a esas autoridades por todo lo dicho al inicio. Una evaluación rápida a medio camino nos muestra que el modelo de gobernanza arroja un equilibrio bastante malo de cara al ciudadano: (1) servicios esenciales de mala calidad; (2) corrupción generalizada; (3) desperdicio de recursos fiscales en servicio civil no meritocrático y obras públicas de bajo impacto e inclusive inconclusas.

Algunos creen que se les dio mucho dinero sin tener capacidades para gestionarlo. Otros consideran se les dio poco dinero para tantas necesidades. Han pasado ya un centenar de autoridades y no tenemos ningún caso que destaque por su buena gestión sino todo lo contrario.

Durante mucho tiempo, la respuesta del MEF fue esconder el dinero a los gobiernos subnacionales. La ponían en el presupuesto, pero no se la entregaban con plazo suficiente para ejecutarla. Luego, no se la daban si no había hecho previamente los estudios de factibilidad. Al final, la mayoría del dinero no se había usado y los servicios no habían mejorado por más viajes a Lima que se realizaran.

La respuesta fue malísima para el ciudadano porque entonces las autoridades preferían proyectos muy simples, obras de bajo impacto para el bienestar de los ciudadanos, pero donde rápidamente podían tener presupuesto para la obra y para algo más.

Entonces, ¿qué hacemos? Una primera opción es reducir las opciones de las autoridades. Ejemplo: que la lista de proyectos de inversión pública no sea decidida totalmente por las autoridades regionales, sino que una primera parte venga predefinida centralmente. Si tu ciudad principal tiene 1 millón de habitantes debes completar: (1) sistema de alcantarillado, (2) colegios públicos con agua y saneamiento, (3) sistema de procesamiento de residuos sólidos; (4) hospital de nivel II, etc. El MEF y los ministerios sectoriales podrían tener equipos preparando con anticipación los perfiles de esos proyectos. Predefiniendo el conjunto de tareas mínimas que deben hacer los gobiernos regionales, el presupuesto debe asignarse a esas tareas y con los recursos extras podrán plantearse otros proyectos a la discreción de las autoridades subnacionales. De esta manera, se deja de esconder el dinero y se pueden hacer proyectos grandes multianuales de gran impacto para el cierre de brechas.

Una segunda opción es controlar los flujos exageradamente altos cuando ocurre un boom por el precio de minerales. Esos ingresos claramente temporales deben servir para construir un fondo soberano de riqueza nacional con registros subnacionales para que nadie sienta que se les está quitando lo que es suyo, pero cuya administración central y profesional debería apuntar a problemas de plazo más largo.