ONP: Las pensiones en la encrucijada

El Poder Ejecutivo presentó una contrapropuesta con seis medidas frente al proyecto del Congreso que aprobó la devolución de aportes de hasta S/ 4,300 (1 UIT) para los 4.7 millones de afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con un costo de S/. 15 mil millones.

Las medidas planteadas por el Ejecutivo son: Primero, entregar una pensión proporcional a los aportes: A partir de 10 años, se recibirá S/. 250 y a partir de S/. 350 para aportes de 15 años. Segundo, se dará pensión adelantada a mayores de 50 años, que acrediten 25 años de aportes. Tercero, se aceleran trámites para dar pensión a personas con discapacidad, reduciendo de 6 meses a 1 semana el plazo para el informe de la comisión médica (sujeto a verificación posterior).

En cuarto lugar, se elimina la prohibición de recibir pensión y trabajar a la vez. Quinto, los afiliados podrán presentar una declaración jurada para sustentar hasta 6 años de aportación, con verificación posterior. Y sexto, se incentiva el aporte facultativo de los independientes. También se considera un bono de S/. 760 para los actuales pensionistas (560 mil personas). El costo sería de S/. 1,576 millones el primer año y S/. 13,609 millones el costo total.

El Poder Ejecutivo ha objetado por inconstitucional lo aprobado por el Congreso pues este no tiene iniciativa de gasto; además, se afecta el derecho fundamental a la pensión, la intangibilidad de la pensión y el equilibrio financiero del país. Si bien hay consenso entre los expertos que la norma sería declarada inconstitucional, sin embargo, la expectativa generada en los afiliados obliga a un diálogo real entre los dos poderes y una pronta respuesta.

A diferencia del Ejecutivo, la norma del Congreso tiene menos ventajas para los beneficiarios pues éstos sólo recibirán un pago extraordinario (“devolución de aportes”) por única vez y no una pensión permanente. Además, se desnaturalizaría el sistema de reparto basado en la solidaridad. El Congreso eligió el camino de “devolver” individualmente aportes, por lo que en el fondo atenta contra elsistema solidario.

La propuesta del Ejecutivo cumple tres objetivos claves: a) Atiende (aunque con retraso ostensible) el reclamo de 4.7 millones de aportantes afectados por la pandemia; b) Brinda una pensión permanente y, accesoriamente, un bono extraordinario y c) Cautela la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, todavía es posible mejorar la propuesta introduciendo, por ejemplo, la posibilidad de completar aportes pendientes para aquellos que les pueda faltar 2 años de aportes, superen los 65 años y hayan estado desempleados en los 24 meses previos. El Estado podría financiar estos aportes y luego descontarlo de la propia pensión.

Es importante señalar que cualquier modificación a los sistemas previsionales (ONP y AFP), no debería merecer una solución de “parches”, sino atender a una reforma estructural. Lo ideal es una reforma completa del régimen pensionario y creo que esa debería ser tarea del próximo Congreso, convocándose a especialistas en los diferentes regímenes pensionarios.

Si el Congreso desatiende la contrapropuesta del Ejecutivo y saca la norma por insistencia, el escenario previsible es la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, frente al cual el Legislativo respondería, seguramente con interpelacionesy/o censuras de ministros. Si hay un real interés en solucionar el problema, el Congreso debería atender la propuesta del Ejecutivo. El país está cansado del enfrentamiento entre sus autoridades. Es hora de buscar consensos.