Las mentiras de la nueva Constitución

Hasta antes de la pandemia, el Perú había experimentado un crecimiento económico por 21 años consecutivos. Gracias a ello, la pobreza monetaria se redujo del 58.7% al 20.2%, entre el 2004 y el 2019. Con la pandemia, esta aumentó al 30.1%, al perderse miles de empleos y, con ello, la fuente de ingresos de muchas familias. Hoy, casi 10 millones de peruanos no pueden cubrir una canasta básica de consumo.

Si vemos la pobreza multidimensional, que mide el acceso a servicios de salud, educación y condiciones de vivienda, la situación es aún más preocupante. Según estimaciones de ComexPerú, esta llega al 41.7%, es decir, 13.5 millones de peruanos no tienen acceso a al menos un servicio básico de calidad que les permita tener una vida digna.

Este es el verdadero problema, falta de empleo y servicios públicos de pésima calidad. Este es el justo reclamo de millones de familias peruanas a las que el Estado les ha dado la espalda.

Esta realidad no se soluciona con un cambio de Constitución. Aquellos que así lo anuncian están engañando a la población, jugando con las esperanzas de los más pobres. Ya la Constitución, en su Capítulo II, garantiza los derechos sociales como la salud y la educación. El problema no es la ley, el reto es hacer que se cumpla.

Se necesita generar empleos para que más peruanos puedan aumentar sus ingresos. El Estado no genera empleo, sino el sector privado a través de la inversión, desde la gran empresa hasta emprendimientos como una bodega o un puesto en el mercado. Para ello, se requieren reglas claras, confianza, seguridad y libertad para crecer. Un cambio de Constitución solo generará incertidumbre, parálisis económica, menos oportunidades de empleo y más pobreza.

La libertad de comercio ha permitido impulsar la inversión y las exportaciones en regiones de la costa norte. Piura, Lambayeque y La Libertad han logrado un dinamismo espectacular de sus exportaciones no tradicionales, con tasas de crecimiento promedio anual del 14.3%, 17.8%, y 18.1%, respectivamente, marcando récords de exportaciones en plena pandemia. Sin embargo, nuevas inversiones, negocios y empleos están amenazados por una Constituyente.

A pesar del crecimiento económico y de que el Estado tiene recursos, que pagamos ciudadanos y empresas con nuestros impuestos, estos no se traducen en servicios públicos de calidad.

A setiembre de 2021, a solo 3 meses de culminar el año, la ejecución de la inversión pública en los Gobiernos regionales y locales es solo un 45.8% y un 44.6%, respectivamente. Incluso, regiones como Puno, Cajamarca y Huancavelica no han ejecutado ni un 30% de sus presupuestos.

En Piura, Lambayeque y La Libertad, muy dinámicas económicamente, los Gobiernos locales ejecutaron solo el 51%, 39% y 46% en 2020, y por eso las obras no llegan y las condiciones sociales no mejoran.

Cusco recibe por Camisea S/ 4 millones diarios, pero el 35.2% de hogares no tienen acceso a los servicios básicos (luz, agua y desagüe), el 58% de la red vial departamental y vecinal no está pavimentada, más del 50% de niños tiene anemia y solo 3 de cada 10 colegios cuentan con servicios básicos.

La inversión llega, el dinero también, pero el Estado no los invierte eficazmente en favor de la población. Problemas de gestión, capacidades y corrupción mantienen a la población en la pobreza y sin acceder a servicios dignos.

Sí, se necesita un cambio. Urge hacer las cosas en forma distinta y poner el Estado al servicio del pueblo, para proveer mejores servicios públicos y luchar contra la corrupción. Para eso no se necesita cambiar la Constitución.