Por Martín Ruggiero Garzón, asociado de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados
El Estado de Emergencia Nacional decretado por el gobierno en el marco de la Emergencia Sanitaria ha puesto en evidencia – en una nueva oportunidad- el alto grado de informalidad que existe en nuestro país.
Al respecto, podemos afirmar que son informales aquellos trabajadores, empresas, industrias o actividades que operan haciendo caso omiso o cumpliendo parcialmente con el marco legal aplicable, inobservando -entre otras- disposiciones laborales, tributarias y administrativas.
Así, los especialistas afirman que – en el caso específico de la informalidad laboral- la cifra se encuentra alrededor del 70 %. En este contexto y como se ha hecho notorio en las últimas semanas, las disposiciones emitidas por el gobierno y, en particular, la orden de inmovilización obligatoria ha impactado de mayor forma en los llamados “trabajadores informales”, aquellos que no se encuentran registrados en una planilla y/o no reciben beneficios laborales y/o se encuentran fuera del ámbito de la cobertura de la protección social, tanto en salud como en pensiones.
En esta línea, los especialistas también coinciden al señalar que “las actividades económicas son informales cuando los costos de la formalidad superan sus beneficios (G. Castagnola)”. En efecto, el Estado, la burocracia y la excesiva tramitología no son capaces de crear los suficientes incentivos para que una empresa o trabajador informal se vuelva formal.
Para la empresa o el trabajador informal dichos beneficios no son tangibles o inmediatos. El informal considera que su eventual regularización le traería más complicaciones que beneficios, más gasto que ahorro, más esfuerzo que ayuda, dificultando el día a día de sus actividades.
Sin embargo, y -especialmente- en una coyuntura como la actual es oportuno preguntarnos, ¿acaso no vale la pena ser formal?
En este sentido, debemos indicar que si bien en las últimas semanas el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar al sector informal (p. ej. subsidio económico universal, bono independiente), la gran mayoría de las disposiciones aprobadas e implementadas por el gobierno – como resulta razonable- han apuntado a favorecer a las empresas y a los trabajadores formales.
Respecto a las medidas para apoyar a las empresas y actividades formales, encontramos -entre otras- al programa Reactiva Perú, al subsidio excepcional del 35% de parte de la planilla y a la posibilidad de postergar el pago de la CTS de mayo de 2020.
En cuanto a las medidas para apoyar a los trabajadores formales, encontramos – entre otras- disposiciones vinculadas al retiro de CTS y la posibilidad de solicitar el adelanto de la misma y de la gratificación legal, a la suspensión temporal del aporte a la AFP y retiros parciales de dicho fondo, a la continuidad de las prestaciones de EsSalud (latencia) y al reconocimiento de manera excepcional de aportes a la ONP.
Sobre la base de lo señalado, podemos afirmar que si bien los beneficios de ser formal – en una situación normal- no son tangibles o pueden parecer inexistentes, en el largo plazo y/o ante una coyuntura excepcional como la actual, dichos beneficios se vuelven visibles, concretos y reales, brindando protección y “apoyo” tanto al empresario como al trabajador que apostó por la formalidad.
Es innegable, ser formal en nuestro país “cuesta”, sin embargo, creemos que es una inversión cuyo esfuerzo se ve recompensado a la larga.