Rodrigo Reátegui – Socio Gea Sostenibilidad
Guillermo Bracamonte – Socio Miranda & Amado Abogados
Lamentablemente existen numerosos y públicos ejemplos en nuestro país de proyectos suspendidos por la ausencia de licencia social. Un proyecto puede ser considerado legal, financiera y técnicamente viable, pero, si no cuenta con legitimidad, tiene pocas posibilidades de avanzar. En ese escenario la ejecución de un due diligence social del proyecto – una evaluación de riesgos y oportunidades en materia social – resultará clave para la toma de decisiones al momento de comprar, vender o realizar inversiones adicionales.
En la ejecución de un due diligence social, cada uno de los riesgos y oportunidades sociales identificados es analizado en función a su probabilidad y severidad (potencial impacto en el proyecto), para poder ser minimizado (en caso de ser negativo) o maximizado (en caso de ser positivo). Dicho esto, y basados en nuestra experiencia a nivel nacional, listamos algunos de los factores de riesgo u oportunidad más recurrentes en un due diligence social:
Tenencia de tierras
Entre los principales actores interesados o de influencia en relación con un proyecto (stakeholders) se encuentran aquellas personas que son poseedores o titulares de los terrenos necesarios para la ejecución de un proyecto. Su aceptación o rechazo al uso futuro de las tierras debe ser analizada pues, si bien las condiciones legales pueden ser claras y favorecer al proyecto, la legitimidad sobre la pertenencia y uso de las tierras puede ser materia de debate. Más aún cuando existen cosmovisiones con distintos apegos o sentidos de pertenencia con el territorio.
Compromisos asumidos
Incluso en las etapas iniciales de un proyecto es común encontrar que ya se han suscrito algunos compromisos sociales, los cuales deberán honrarse si se quiere construir o mantener la confianza entre las partes. El incumplimiento de los compromisos es frecuentemente el gatillador de los conflictos, por lo que al momento del due diligence debe incluirse su análisis: la naturaleza de los compromisos, el costo, la capacidad de la empresa de honrarlos, el impacto de cumplir con los compromisos asumidos y de no hacerlo, etc.
Expectativas y Demandas
Un porcentaje importante de los proyectos de inversión se encuentran ubicados en lugares con bajos niveles de ingresos y poca presencia del Estado (ej.: minería, hidrocarburos, agricultura). El potencial del proyecto para contribuir a la economía local es vital para la construcción de la licencia social, por lo que los requerimientos de la población y la capacidad de respuesta tanto del Estado como de quien se encargará de ejecutar el proyecto deben ser evaluados.
Situación socio política
Las acciones políticas de algunos gobernantes y otros actores con poder y capacidad de influencia deben ser entendidos y evaluados, pues a menudo tienen un impacto importante en el desarrollo del proyecto. No es extraño que un proyecto, incluso en etapas incipientes, sea usado por líderes locales, regionales y hasta nacionales, con intenciones electorales y políticas particulares.
Pasivos sociales
Los pasivos sociales son acciones, acuerdos, actitudes y/o eventos que han sido parte de la historia del relacionamiento entre la actividad o el proyecto y la población. Estos marcan una línea base de aceptación o rechazo a las actividades que se pretenden implementar.
Proyectos vecinos
Tal como ocurre en el Corredor Minero Sur o en la zona petrolera de Loreto, el éxito o fracaso de proyectos genera precedentes importantísimos para otros proyectos cercanos. La actitud pro o anti proyectos a menudo se contagia con facilidad, sobre todo en entornos políticos inestables, bastante frecuentes actualmente en el Perú. Una mirada al desempeño de los proyectos vecinos es fundamental durante la ejecución del due diligence social.
Adicionalmente, si se busca obtener financiamiento de un organismo internacional, será necesario evaluar el desempeño social del proyecto respecto a las normas de la Corporación Financiera Internacional (IFC), de los Principios del Ecuador y/o cualquier otra normativa a la que se encuentre sujeta el financiamiento. El due diligence identificará las brechas de desempeño social respecto al estándar exigido por las entidades financieras, además de las acciones a ser implementadas para cubrir esos vacíos.
Una evaluación social negativa del proyecto no significa que el comprador deba decidir no seguir adelante con la compra, sin embargo, sí deberá asumir el riesgo social, decidiendo implementar medidas que lo eviten o mitiguen. No se debe olvidar que el resultado del due diligence social también muestra escenarios de oportunidad, que pueden ser bien aprovechados a la hora de desarrollar del proyecto.
El due diligence social debe ser realizado, de preferencia, con un equipo multidisciplinario que permita evaluar la situación, no solo desde una perspectiva netamente social, sino también con un enfoque legal, para así adoptar estrategias integrales en beneficio del proyecto. El proyecto ideal es aquel que consigue estar en línea con la normativa y es considerado legítimo por sus stakeholders.