Por Ramón Barúa Alzamora
Empresario peruano
La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de la República tiene el encargo de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del Sistema Previsional Peruano constituido por el Sistema Nacional y Privado de Pensiones, el cual busca asegurar una vejez digna a los trabajadores una vez cumplido su ciclo laboral.
Esta Comisión, liderada por la Congresista Carmen Omonte, se encuentra en la fase de recoger información de especialistas nacionales e internacionales de reconocida experiencia en el tema, quienes en los últimos años han realizado estudios sobre la materia y compartido experiencias exitosas de reforma en otros países, tomando en consideración la realidad peruana.
La realidad es que en el Perú conviven hasta cuatro sistemas de pensiones: el público (ONP), el privado (SPP), Pensión 65 y la Caja de Pensiones Militar Policial.
Si bien todos estos sistemas tienen el mismo propósito, atienden a diferentes sectores con regulaciones y mecanismos propios, también generan tratamientos y resultados diferentes, lo que impide optimizar su gestión.
Desde hace unos años existe una inquietud en el país por tratar de mejorar los sistemas de pensiones, planteándose iniciativas interesantes a partir de la experiencia adquirida en el tiempo, que han concluido en consensos importantes a ser considerados en el diseño de un sistema integral de pensiones en el Perú.
Entre estos consensos se resalta la importancia de que el sistema integral de pensiones debe de ser único, universal, basarse en cuentas individuales de capitalización, considerar una pensión mínima, contar con una supervisión especializada y ser administrado por instituciones privadas especializadas en competencia.
Asimismo, existen otros aspectos complementarios, no menos importantes, como la necesidad de que los aportes deben ser obligatorios, (empleadores y trabajadores formales e informales). También, contar con sistemas centralizados de recaudación, administración operativa y cobranza, para asegurar su eficiencia y facilitar el ingreso de nuevas empresas administradoras de fondos.
Además, los sistemas de pensiones deben suministrar información permanente a los trabajadores sobre el estado de su fondo, sobre distintas alternativas de ahorro para acceder a determinados niveles de pensión, y sobre los distintos beneficios de un sistema de pensiones, especialmente el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que es un elemento fundamental del sistema.
Adicionalmente, deben devolver el propósito previsional del ahorro obligatorio, asegurando que toda persona que llegue a la edad de jubilación pueda acceder por lo menos a una renta vitalicia de un monto no menor a una pensión mínima, previo a poder disponer libremente del saldo de su fondo.
Debemos tener presente que un buen Sistema Integrado de Pensiones es clave, no sólo para dotar a los trabajadores peruanos de recursos para una vejez digna, sino también porque constituye una herramienta formidable para construir el ahorro interno, fortalecer el mercado de capitales, dotar recursos para desarrollar nuestra infraestructura y fomentar la generación de empleos de calidad.
Por ello, no debemos escatimar nuestro apoyo a los Congresistas que tienen esta gran responsabilidad, y así contribuir a diseñar un marco legal moderno y eficaz, que permita asegurar pensiones dignas a todos los peruanos.