(Foto: Getty)
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Por Gonzalo Ruiz D.

Economista Asociado, Macroconsult

Durante los últimos años, la emergencia del y de los modelos de negocio basados en el empleo intensivo de la información proveniente de los usuarios de Internet, han generado la preocupación por parte de los gobiernos por el impacto que tiene este proceso sobre el derecho a la

A nivel internacional, se han venido aprobando regulaciones que establecen obligaciones para las empresas sobre el uso que hacen de esta información. Estas consisten, entre otros, en informar a los usuarios sobre la utilización de su información personal, contar con su autorización para ello y poner a su disposición mecanismos que les permitan acceder a ella, rectificarla, cancelarla u oponerse a su utilización.

Un número importante de países ha aprobado leyes destinadas a la protección de los datos personales, creando agencias administrativas a cargo de supervisar su aplicación. En el caso del Perú, en el 2011 se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, creándose una autoridad nacional bajo el ámbito del Ministerio de Justicia.

A pesar de esta tendencia generalizada a nivel mundial, una encuesta dirigida por Kaspersky Lab a 11,000 personas y en 21 países, en el 2018, reveló que el 46% de los entrevistados afirmó haber sido víctima, al menos una vez, del uso de sus datos sin autorización a través de sus cuentas online. También encontró que el 21% había sufrido pérdidas financieras producto de la filtración de datos. Esta sensación de inseguridad y desprotección parece ser, en parte, consecuencia de la ausencia de mecanismos efectivos para la defensa de estos derechos, así como de la falta de una cultura por parte de los usuarios y empresas sobre la importancia de utilizar mecanismos preventivos: un 32.3% de entrevistados respondió que no sabía cómo proteger totalmente su información personal en Internet.

La mayor actividad fiscalizadora reciente de la agencia de protección al consumidor en Estados Unidos parece marcar un punto de inflexión. Hace dos semanas, y fueron sancionados con una multa de US$ 170 millones, por omitir informar a los padres de menores de trece años sobre el uso que harán de la información que obtienen sobre los hábitos de navegación de sus hijos. En julio de este año, se le impuso a la multa más alta de la historia (US$ 5,000 millones) por violar la privacidad de los consumidores, en el marco del escándalo de Ese mismo mes, Equifax fue sancionado con US$ 575 millones por un incidente de seguridad de datos en el 2017 que puso en riesgo la información financiera de cerca de 150,000 usuarios.

Si bien hay mucho por hacer en la promoción de hábitos y una cultura de protección de los datos personales, vemos que, poco a poco, a la defensa de los derechos a la protección de datos personales le están creciendo dientes.