Red dorsal, ¿segunda oportunidad?

Después de 7 años de suscrito y tras varios intentos de reformularlo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió resolver el contrato que mantenía con Azteca Comunicaciones para la construcción y operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). Los motivos son harto conocidos y han sido materia de análisis durante los últimos años.

En primer lugar, el proyecto fue diseñado en un contexto en el que la oferta de servicios de transporte de datos era escasa, en amplias regiones del país, a precios que resultaban prohibitivos. Ello llevó a identificar esa falencia como el principal cuello de botella que limitaba el objetivo de masificar el Internet en el país. Para llenar este vacío se diseñó una red de 13.6 kilómetros de extensión y se definió un precio al cual se proveería el servicio que, en ese momento, representaba el 10% de los precios de mercado.

Nadie previó entonces que la oferta privada de transporte de datos crecería de manera exponencial, haciendo que, en pocos años, los precios por este servicio se desplomaran situándose por debajo del nivel fijado en el contrato de la RDFNO. Si bien hubo intentos por parte del MTC de flexibilizar el régimen tarifario del proyecto, las negociaciones con el concesionario fueron infructuosas.

Un segundo término, se planteó que esta red troncal sería complementada por 21 redes regionales que permitirían conectar con Internet a centros poblados e instituciones públicas (escuelas, comisarías) ubicados en zonas alejadas y usuarios finales. Sin embargo, el avance de estos proyectos se ha visto afectado por diversas razones, en especial, por dificultades en la adquisición de terrenos por parte de los concesionarios.

En tercer lugar, uno de los objetivos que perseguía con la RDNFO era el de convertirse en la gran carretera de la información que permitiría llevar servicios públicos (teleeducación, telemedicina) a las zonas más alejadas. Para ello, La Ley de Banda Ancha (2012) concibió la Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE) como la gran articuladora de las demandas de conectividad de las entidades del Estado. Sin embargo, los avances en este objetivo han sido mínimos. Cabría preguntar, ¿qué uso se hubiese podido hacer de la RDFNO durante la pandemia en teleeducación o telemedicina si estos problemas se hubiesen resuelto oportunamente?

La resolución del contrato abre la posibilidad de subsanar varios de estos problemas. En primer término, a partir de enero del 2022, cuando se ejecute la caducidad, se deberá convocar a un operador privado para que pueda operar y mantener la red, puesto que el MTC (a través de Pronatel) no tiene la capacidad para ello.

En segundo término, se debe repensar el diseño de la RDNFO. Dotar su operación de una mayor flexibilidad comercial (tarifas reguladas o supervisadas por Osiptel), eliminar los sobrecostos existentes para la operación de las redes regionales y, tercero, impulsar la Rednace como gran aglutinador de las demandas de conectividad en educación, salud y seguridad. Esta segunda oportunidad, puede ser la última.