Economista

El paquete de medidas para hacer frente a los impactos económicos del Covid-19 basa su estrategia en alcanzar soporte financiero a las familias y liquidez a las empresas para que no se corte la cadena de pagos durante el período de emergencia y se genere un “puente de liquidez” hacia la post-cuarentena.

En el mejor escenario, el programa Reactiva Perú recibirá los ajustes que requiere, incluyendo una ampliación de la cobertura de las garantías al 100%, un manejo operativo rápido y eficiente de las entidades involucradas y quizás una ampliación de su volumen y términos.

La liquidez eventualmente fluirá hacia el sector formal de la economía y las empresas más grandes. Para la enorme porción de nuestro país que opera de manera informal, la liquidez llegará desde las empresas formales y las familias que dependen de esa porción formal. El bono de S/ 760 de apoyo a hogares vulnerables agregará a la liquidez y soporte a la economía informal. Las opciones adicionales son pocas. La informalidad limita tremendamente el menú disponible para una respuesta directa, más allá de buscar otras vías de distribuir eficazmente soporte y subsidios directos, como la distribución de canastas y otros.

Medidas en marcha, como la ampliación del Fondo de Apoyo Empresarial – MYPE a S/. S/ 1,000 millones o más y el acceso de las empresas de factoring al Fondo CRECER (que también podría crecer en tamaño) podrían ampliar el alcance del puente de liquidez sobre el crédito a MYPEs. A ello podría agregarse el encontrar vías rápidas de fortalecimiento patrimonial de las entidades pequeñas especializadas en microfinanzas.

Pensando en forma positiva, el paquete podría ser efectivamente mejorado.

Sin embargo, la efectividad de la estrategia requerirá que en paralelo a inyectar liquidez a los canales de la economía formal se adopten medidas que otorguen la flexibilidad necesaria para que los vasos comunicantes entre la economía formal y la informal operen con mínimas restricciones, la liquidez fluya a toda la economía y las empresas se adapten al nuevo contexto. Dichos vasos comunicantes se encuentran básicamente en la enorme cantidad de empresas medianas y pequeñas, formales e informales, que se vinculan directa e indirectamente a las empresas más grandes y a las familias que dependen de éstas. La señora que vende desayuno a la entrada de las fábricas o construcciones y la bodega que atiende a familias reciben liquidez desde la empresa formal, de igual manera que sus proveedores medianos y pequeños.

La enorme disrupción que ha generado la pandemia requerirá que toda la red empresarial se reposicione y adapte. En nuestro país, aproximadamente 98% de las empresas son pequeñas, de las que depende 76% de los trabajadores urbanos (con un porcentaje significativo de empleo informal). Todas tendrán que adaptar lo que ofrecen y cómo lo ofrecen a las nuevas circunstancias.

El canal formal de empresas medianas y grandes requerirá también medidas que aseguren que la liquidez continúe fluyendo. Luego del otorgamiento de períodos de gracia (o congelamiento de cuotas) vendrá la necesidad de refinanciaciones, que los bancos evaluarán caso por caso. Las empresas deberán mostrar capacidad de recuperar parte de sus flujos o reposicionarse/adaptarse. La palabra clave será la flexibilidad.

Lamentablemente no es sólo liquidez lo que se requiere. El puente para la supervivencia de las empresas no puede ser sólo liquidez. Un primer frente a atacar para facilitar el tránsito a las nuevas condiciones son los procedimientos para cumplir con las regulaciones empresariales.

En primer término, las empresas tendrán que seguir algún trámite o autorización para la aprobación de los protocolos que seguirán para progresivamente volver a operar, que además deberán tener mecanismos de supervisión. Será imprescindible implementar procesos de autorización de trámite único, ante una ventanilla única y con una autoridad que reciba el poder de regular las autorizaciones de operación de manera multisectorial. Más aún, el proceso debiera ser único frente al Gobierno Nacional, sin la participación de gobiernos municipales y regionales. Un manejo centralizado y de trámite sencillo serán fundamentales.

Un poco más adelante, se presentará una búsqueda general de reorientar la producción y la venta hacia los bienes y servicios más demandados y con menos restricciones en la emergencia y la transición posterior. El paquete de medidas requiere en ese sentido ser complementado con iniciativas que faciliten la adaptación de las actividades a las nuevas condiciones.

La maraña de trámites que las empresas tienen que cumplir, especialmente con las municipalidades, para lograr autorizaciones de todo tipo, con un enorme gasto de tiempo y dinero (especialmente importante para las empresas más pequeñas) es un obstáculo evidente para la adaptación y flexibilidad que requiere el nuevo contexto. En las condiciones actuales, pasa de ser una limitación a la competitividad a un obstáculo para que las empresas se adapten y sobrevivan.

Este primer frente requiere establecer un período de flexibilidad (emergencia regulatoria) de al menos un año durante el cual se reduzcan al mínimo los requerimientos administrativos y se eliminen o reduzcan a un monto único las tasas requeridas para facilitar dicha reorientación. En paralelo, es necesario trabajar rápidamente en el desarrollo de un sistema on-line de uso obligatorio que se convierta en la plataforma única para las autorizaciones vinculadas a la actividad empresarial, sobre un TUPA único para cada autorización para todas las municipalidades, gobiernos sub-nacionales y ministerios. Es perfectamente posible lograr que al Bicentenario todos los trámites de autorizaciones sean on-line.

El período de emergencia regulatoria podría consistir en lo siguiente:

1. Para aquellas actividades vinculadas al manejo de la emergencia sanitaria (fundamentalmente material médico y de prevención y servicios vinculados), revisar los requisitos regulatorios para nuevas licencias y autorizaciones de operación y oferta de productos y servicios, buscando un balance adecuado entre los criterios de seguridad y salud y la flexibilidad regulatoria.

2. Revisar espacios para flexibilizar los requisitos y procedimientos de licencias profesionales de personal dedicado a la salud. Un paso positivo, pero tímido aún, ha sido la autorización para que personal médico extranjero pueda trabajar durante la emergencia y usar el período para convalidar su SERUM.

3. Establecer la renovación automática y sin costo de las licencias de funcionamiento y autorizaciones vigentes, en general. Podría establecerse un plazo corto para que aquellas entidades públicas que vean afectados sus recursos en forma crítica presenten solicitudes al MEF para buscar vías de compensar esos recursos.

4. Establecer un procedimiento simplificado y de bajo costo para solicitudes de autorizaciones de cambio temporal en el rango de actividades de las empresas, con cargo a regularizaciones una vez finalizado el período de emergencia. Para evitar situaciones indeseadas, podría definirse una lista de actividades de alto riesgo que no accedan a dicho procedimiento simplificado.

5. Establecer para los municipios que la supervisión de condiciones de autorización (inspecciones) se focalice en las actividades definidas como de alto riesgo, así como inspecciones vinculadas a las condiciones de la emergencia sanitaria.

La experiencia de los últimos 15 años con iniciativas legales para obligar a los municipios a seguir procedimientos únicos no ha sido efectiva. La fiscalización de las más de 1800 municipalidades distritales requeriría poner esfuerzo y liderazgo en crear un canal muy expeditivo de quejas y sanciones que asegure el cumplimiento de la legislación de emergencia regulatoria.

Un segundo frente a atacar es la capacidad del sistema concursal, que ofrece a las empresas la posibilidad de acogerse a un “paraguas” legal de protección de embargos desordenados sobre sus activos mientras negocian con sus acreedores una reestructuración financiera. La experiencia del período 1998-2000 fue muy clara en mostrar la necesidad de establecer un fast-track que permita procesar un incremento sustancial en el número de empresas que entran a concurso. También requiere asegurar que la Comisión respectiva en Indecopi tenga las capacidades adecuadas y una red descentralizada. En situaciones como las que vienen, el proceso de declaratoria de concurso debe ser expeditivo, con pocos requisitos, de bajo costo e idealmente online.

Por último, un tercer frente a considerar es la vigilancia de las condiciones de competencia en los mercados, especialmente aquellos vinculados a insumos y servicios críticos.

Por un lado, algunos mercados, especialmente aquellos vinculados a insumos o servicios críticos para la emergencia sanitaria, enfrentarán situaciones en las que será necesario que las empresas participantes intercambien información, cooperen y colaboren, lo que requeriría evaluar excepciones temporales a las leyes de competencia que permitan dichas actividades. En paralelo tendrían que endurecerse las sanciones y vigilancia, de manera que se eviten situaciones de cartelización, negativa a ofrecer o exigencias de adquisición de “combos”.

Por otro lado, en general durante la crisis que viene los líderes de mercado ganarán participación y poder de mercado. Su costo de capital menor, márgenes más altos y mayor disponibilidad de liquidez se convertirán en factores que generarán poder de mercado y capacidad de absorber a competidores. La dinámica de consolidación y concentración será imprescindible en algunos casos para la supervivencia de empleos y empresas y debe suceder sin obstáculos. Sin embargo, en paralelo será necesario fortalecer la capacidad de Indecopi para vigilar y sancionar el abuso de posición de dominio. En los casos en que sea necesario efectuar un control previo, Indecopi debe seguir un proceso muy rápido y si no fuera posible asegurar lo anterior, será necesario buscar una ruta de excepción temporal a este requisito.

Un componente central para un paquete de medidas de emergencia en una economía como la nuestra es reducir la fricción para que los recursos fluyan en todo sentido.

La recuperación posterior a la emergencia requerirá mejorar el clima para la inversión. De acuerdo con proyecciones de APOYO Consultoría, la inversión privada caería este año en -15,7%, mientras que el consumo privado se reduciría en -2,4% y la inversión pública crecería en 2%. Dos tercios de la inversión privada depende de medianas y pequeñas empresas. Cómo recuperar la confianza para la inversión privada luego de un choque traumático como el que estamos viviendo no será un tema menor. En una entrega posterior resumiré un grupo de propuestas para mejorar el clima para la inversión en el período de recuperación.

En el corto plazo, logremos que el puente para asegurar que la mayor parte de la red de empresas pequeñas, medianas y grandes llegue al otro lado sea lo más sólido posible. La liquidez es imprescindible y debe complementarse con un conjunto de otras iniciativas que otorguen la flexibilidad necesaria a todas las actividades empresariales para reincorporarse, adaptarse y reinventarse.