Defendamos la democracia y el Estado de derecho

Anne Applebaum resaltó, en CADE Ejecutivos 2021, que en el mundo moderno socavar las instituciones democráticas desde dentro es el peligro más grande contra la democracia. Que ya no son militares quienes destruyen la democracia, sino presidentes y primeros ministros quienes debilitan los procesos democráticos que los llevaron al poder. Puso énfasis en que defender a las instituciones significa defender a la estructura base que hace posible que Perú siga siendo un país donde se pueda vivir y trabajar. Que debemos defender el sistema democrático y el Estado de derecho.

Desde el poder, Castillo atacó de manera sistemática la democracia: represión y declaraciones en contra de la prensa, ascensos militares irregulares, direccionamiento de la publicidad estatal, destitución del procurador general, afrenta contra la libertad de tránsito con orden de inmovilización, nombramientos a simpatizantes de Sendero Luminoso como ministros, así como declaraciones en contra de entidades autónomas como el Tribunal Constitucional, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Además, atacó el funcionamiento correcto del Estado y actuó con serios indicios de corrupción.

Como resalté en una columna pasada (abril de 2022), mantener a Castillo en la presidencia era como mantener a un “agresor en casa”.

En ese escenario, se fue generando consenso en líderes de opinión y la sociedad civil de que debíamos ir hacia un adelanto de elecciones con reformas. No se trataba de que Castillo saliera como fuera, sino respetando los mecanismos constitucionales existentes para ello. Y no bastaba que Castillo dejara la presidencia, sino que debían aprobarse ciertas reformas para salir de la crisis política crónica en la que como país nos encontramos hace varios años.

Y de pronto pasó lo que temíamos: el 7 de diciembre del 2022, Castillo dio un golpe de Estado. Nuestras instituciones autónomas, así como las fuerzas armadas y policiales, actuaron en defensa de la democracia y el Estado de derecho, y pusieron fin a su actuación. En ese momento, su propio canciller denunció el autogolpe de Castillo e invocó a la comunidad internacional a ayudar al reencauzamiento democrático. En el marco de lo que establece la Constitución, por atentar contra el funcionamiento de los distintos poderes del Estado, el Congreso declaró la vacancia de Castillo, así como la aplicación del régimen de sucesión constitucional.

Así, Dina Boluarte asumió la presidencia en el marco de una salida constitucional al golpe de Pedro Castillo. Que quede claro: muchos de quienes respaldamos que ocupase la presidencia lo hicimos respaldando la democracia y el Estado de derecho, y no a Dina Boluarte, candidata de Perú Libre y ministra durante gran parte del Gobierno de Pedro Castillo, quien lamentablemente poco o nada hizo por deslindar de la actuación de su expresidente y jefe.

Desde ese momento, diversos grupos han venido protestando. A quienes lo hacen pacíficamente, escuchémoslos y canalicemos su indignación.

Hoy el grueso de las protestas vulnera el Estado de derecho: bloqueo de vías que impiden el libre tránsito, incendio de comisarías y sedes del Poder Judicial, ataques a aeropuertos, amenazas a ciudadanos que quieren trabajar, acciones que lamentablemente ya han generado pérdidas humanas, además de afectar el derecho de otros a la salud, la educación, la alimentación y el trabajo. Promoviendo esta violencia, hay azuzadores, quienes han inventado narrativas en la línea de que Castillo no dio un golpe de Estado, que hay contratos de estabilidad que justo se renuevan por 30 años, entre otras mentiras que usan para generar indignación.

Habiendo fallado el plan de instaurar un régimen totalitario desde adentro, quienes serían aliados de Castillo intentan ahora hacerlo desde afuera, generando caos.

Hacen bien las fuerzas armadas y policiales en defender el Estado de derecho y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Ataques al Estado de derecho no deben quedar impunes; sus perpetradores deben ser detenidos, juzgados y sancionados. Policía, Fiscalía y Poder Judicial deben actuar; esperemos ver pronto detenidos por estos delitos. Sin perjuicio de lo anterior, toda pérdida humana debe investigarse; quienes hayan vulnerado derechos humanos deben ser juzgados y sancionados.

No perdamos de vista que el bienestar de los peruanos requiere que como sociedad impulsemos el diálogo y descartemos el uso de la violencia como vía para manifestar nuestras discrepancias. Requiere también que prime el Estado de derecho, en que los derechos de todos sean respetados. Y requiere que fortalezcamos nuestra democracia con reformas que el Congreso debe aprobar, mínimo para desterrar de la política a agresores y delincuentes y para favorecer que personas de bien se interesen en hacer una carrera política permitiendo la reelección.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.