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Desde hace unas semanas es evidente que el siguiente desastre está a la vuelta de unos meses. La discusión, en realidad, está en la magnitud de los daños; y, por lo tanto, en cuanto salga la cuenta de reparaciones una vez que paren las lluvias.
Si uno mira el presupuesto del Estado peruano, encontrará que de cada 100 soles destina 60 soles a gastos corrientes, 27 a inversión, 10 al pago de los intereses de la deuda que contrae y 3 a su fondo para emergencias. Hay dos cosas que saltan a la vista en este simple recuento. La primera es que el Estado no destina prácticamente nada (0.2% del total) a asegurar la infraestructura que administra, con lo cual el impacto del siguiente fenómeno de El Niño no será pasajero pues requerirá endeudarse más o dejar de gastar en cosas que estaban presupuestadas.
Y la segunda es que hemos aprendido muy poco después de varios desastres (pandemia, Niño costero, terremoto del 2007) y nuestra estrategia financiera frente a desastres sigue basada en la versión más básica: un fondo de emergencia pequeño y líneas contingentes que se pueden activar para gastos para la atención de emergencia. El foco sigue en la etapa de emergencia, y no en los de rehabilitación y reconstrucción.
La combinación de estos dos factores hace que gastemos en el mismo colegio o posta de salud tres o cuatro veces porque ni siquiera hemos terminado de repararlo y el siguiente desastre se lo está llevando otra vez. Es evidente que así será muy difícil cerrar las enormes brechas de infraestructura social y que el nivel de servicio que se prestará tampoco podrá mejorar porque cada desastre le saca recursos al presupuesto para gastar en cosas que ya se habían gastado en años anteriores. Estamos subiendo escaleras dentro de un ascensor que viene bajando.
¿Qué está haciendo falta? En la fase de preparación del presupuesto público, los ministerios y gobiernos subnacionales no incluyen en sus pedidos al MEF recursos para asegurar la infraestructura que tienen a cargo. No piden nada antes del desastre, pero después del desastre están todos en la cola pidiéndole al MEF que sin recursos no podrán reconstruir nada.
La solución evidente es que el MEF, haga como en otros países, defina el nivel de aseguramiento de la infraestructura obligatorio que debe tomarse. Si seguimos esperando que voluntariamente lo hagan, mantendremos la brecha de protección financiera.
Hoy día, después de cada desastre, se informa el total de daños que se han generado, pero ningún periodista repregunta sobre qué parte de esos daños estaban cubiertos. Claro, nadie quiere oír que es casi cero. Hace 20 años pasaba lo mismo respecto a cada accidente vehicular, hoy día el SOAT se hace cargo del financiamiento de los gastos. Menos del 1% de dichos gastos superan el financiamiento del SOAT.
Si evaluamos los daños de El Niño costero de 2017, el Estado peruano sufrió daños por más de 5,200 millones de dólares, pero como prácticamente no asegura nada de su infraestructura, los seguros indemnizaron solo 86 millones de dólares, todo lo demás exigió reestructuraciones presupuestales o más deuda. En vez de asegurar nuestro automóvil frente a una pérdida catastrófica, solo aseguramos uno de los espejos retrovisores. Debemos cambiar esto tan obvio.
Les pediría a los congresistas que en la próxima discusión del presupuesto público 2024, discutan con el Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de hacer cambios no solo en la manera de cómo reconstruimos, sino la manera de cómo financiamos la reconstrucción.
Cuando el Estado cambie su estrategia financiera para la atención de desastres y opte por una serie de seguros que pueden fortalecerla, tendremos un Estado con mejor capacidad para proveer servicios oportunos y de calidad a la población. Hoy, los desastres seguirán siendo una excusa para el caos, el apuro, la precariedad.