La sinrazón del número

FISCAL DE LA NACIÓN. El lunes 27, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso elegirá al parlamentario encargado de llevar adelante las investigaciones contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, para lo cual tiene un plazo máximo de 15 días que vence el 19 de diciembre. Hasta ahora, los argumentos en las cuales los parlamentarios han basado la denuncia por infracción constitucional son principalmente no tomar las acciones para evitar la impunidad de los directivos de las empresas peruanas involucradas en el caso Lava Jato (las llamadas omisiones funcionales) y actuar mal al designar a Hamilton Castro al frente del caso Odebrecht. 

Estos argumentos, aunque se intente darles un marco legal, están alejados de criterios técnicos y se basan en apreciaciones subjetivas sobre el comportamiento del fiscal de la Nación que de ninguna manera alcanzan para una acusación constitucional. Los congresistas pueden estar en desacuerdo con la marcha de una investigación, pero el Congreso no es el fiscal. Adicionalmente, según un fallo del Tribunal Constitucional, hasta que no se tipifiquen las infracciones constitucionales, no puede haber juicio político y no puede darse una sanción de inhabilitación. Por estas razones no debe proceder la denuncia contra Pablo Sánchez.

Sin embargo, esta denuncia debería servirle al fiscal de la Nación para revisar la forma en que trabaja el Ministerio Público. Es verdad que gran parte de la investigación, y más aún en el caso Lava Jato, debe llevarse de manera reservada y también que la estrategia no debe ser divulgada, pero sería importante que el esquema de trabajo si sea comunicado para evitar especulaciones.

Conocer la metodología de los pasos que se deben seguir en la investigación y los plazos promedio de cada uno permitiría que la población no tenga la percepción de falta de avances en el proceso. Tampoco ayuda mucho que proliferen las filtraciones de la Fiscalía más que la información oficial. En un caso de corrupción tan complicado como Lava Jato, debe evitarse a toda costa la información bajo la mesa.

Pese a todo lo anterior, no hay motivo para una acusación constitucional contra el fiscal. Los 71 congresistas fujimoristas pueden considerar que la Fiscalía ha cometido errores en la forma en que lleva adelante la investigación, pero no es motivo de una destitución más aún cuando la denuncia deja ver una intencionalidad política que es evidente, aunque no lo quieran reconocer.