Escudo democrático

CIDH. El viernes publicamos una encuesta de Datum sobre la percepción de los peruanos del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a propósito de lo ocurrido durante las últimas protestas de diciembre tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.

Como ya habíamos destacado (ver Editorial del 05/05/2023), entre sus conclusiones el informe señala que “la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional”, por lo que habrían ocurrido “graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos”.

Además, también critica los bloqueos de carreteras y cataloga claramente el golpe de Castillo como un “rompimiento del orden constitucional”, en contra de lo que siguen afirmando líderes como Gustavo Petro o Andrés Manuel López Obrador. No obstante, como también destacamos, el informe también incluye algunas afirmaciones innecesarias y hasta polémicas sobre temas como el modelo económico o el pedido por una nueva Constitución.

Según Datum, solo un 39% de peruanos está de acuerdo con las conclusiones del informe, mientras que un 49% está en desacuerdo, un 8% afirma no conocer el informe y un 4% no sabe. Quizá la principal explicación de este bajo respaldo es que, para un 59%, el informe estaría “parcializado con algunos intereses políticos”.

Solo un 27% lo considera un documento objetivo. Sin embargo, consultados sobre si Perú debería mantenerse en el sistema interamericano de Derechos Humanos, un 58% considera que sí. Solo un 33% apoyaría retirarse del sistema.

Esta aparente contradicción puede leerse de forma positiva. Y es que es posible ser críticos de una organización y a la vez pensar que es mejor seguir siendo parte. La idea del sistema interamericano es que funcione como un escudo adicional a los mecanismos internos de protección de las instituciones democráticas y los derechos humanos.

No está libre de sesgos ni de cometer errores, pero cuando en algún Estado miembro un gobierno o autoridad de cualquier tendencia política trasgreda derechos humanos, es una instancia adicional cuya competencia hemos aceptado y que nos exige cumplir ciertos estándares internacionales, algo incómodo para cualquier líder autoritario.

Basta revisar los informes recientes de la CIDH sobre la situación de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua para comprobar que el sistema también cuestiona a los autoritarismos de izquierda. Es por ello que siempre ha sido criticado por personajes como Hugo Chávez o Daniel Ortega.

Nada de esto quiere decir, insistimos, que el sistema sea totalmente infalible; ni que las percepciones sobre sus sesgos sean del todo gratuitas. Pero mientras el riesgo de un autoritarismo de cualquier tendencia siga latente en nuestro país, es mejor cuestionarlo desde adentro.

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