El que calla otorga

INVESTIGACIÓN. Pese a que en innumerables ocasiones sostuvo que atendería a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo decidió seguir la recomendación de sus abogados y no recibir al grupo de trabajo que se apersonó ayer hasta Palacio de Gobierno. Es más, durante la visita que realizó a Huancavelica el mandatario indicó que su presencia en dicha ciudad había sido un compromiso previo que no podía postergar, una respuesta muy diferente a la de su asesor legal.

Razones diferentes para un mismo resultado, Castillo nuevamente evita dar respuestas claras frente a las interrogantes que no solo tiene una comisión del Parlamento, sino un gran porcentaje del país. Es cierto que se pueden argumentar razones legales para esta decisión —el abogado defensor sostiene que hubo adelanto de opinión por parte del congresista Héctor Ventura y que las conclusiones del grupo de trabajo ya estaban redactadas incluso antes de escuchar al mandatario—, pero lo cierto es que frente a la población la imagen que se da es que el presidente no quiere o no puede responder a las dudas que genera el accionar de sus familiares y funcionarios de su entorno. Desde esa mirada, debería recordar que “el que calla otorga”, y si bien algún sector del Parlamento y la población ya tienen una opinión formada, otro porcentaje sí espera sus explicaciones, más aún cuando desde el Congreso se esperaba que la sesión con el mandatario fuera pública.

El panorama se enturbia más cuando a esta actitud de silencio se suman otras acciones de Gobierno, como la aprobación de un proyecto de ley que busca sancionar la difusión de información reservada en una investigación penal. Proyecto del que solo se conoce lo dicho por el Ejecutivo, pues si bien se supone que fue presentado el día viernes, aún no se puede visualizar en la página web del Parlamento.

Si bien la idea de la propuesta es mantener la reserva de las investigaciones preliminares, una sanción penal de hasta cuatro años suena excesiva. La preocupación por la información reservada o el derecho a la presunción de inocencia parece válida, sin embargo, varias dudas saltan al instante: ¿por qué el interés en el tema surge justo cuando se han iniciado investigaciones contra el mandatario? ¿Por qué en algún momento se mencionó a los medios de comunicación que difunden dicha información? ¿Por qué no se ha divulgado el proyecto?

Las acciones dicen más que las palabras y el mandatario no debería olvidarlo.