¿Buenas noticias?

CORRUPCIÓN. El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023 que cada año realizan la Americas Society/Council of the America y Control Risk –y que publicamos hoy (página 20)– evalúa la capacidad de los países para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

Según está evaluación, el Perú está en la posición cuatro de quince países evaluados, solo detrás de Uruguay, Costa Rica y Chile, lo cual podría ser tomado como una buena noticia. Sin embargo, hay que tener cuidado antes de sentirse triunfalista: primero porque, de una evaluación de cero a diez, Perú tiene un promedio de 5.53 . Segundo porque, mientras los tres primeros países tienen diferencias de décimas, existe más de un punto porcentual de diferencia entre Chile (tercer puesto) y Perú (el cuarto puesto).

Los resultados no implican que en el país no exista corrupción o que esté disminuyendo, solo significa que, desde una mirada objetiva –que a veces es difícil tener cuando uno forma parte–, en el Perú existen mecanismos para poder perseguir y castigar la corrupción que se genera y para luchar contra la impunidad. Puede que no sean lo más eficaces que necesitamos, pero tener a varios expresidentes en el Fundo Barbadillo demuestra que algo se hace bien.

El índice mide tres aspectos generales: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas, y Sociedad civil y medios de comunicación. Estos tres ámbitos muestran qué tan eficaz es el Estado en el combate contra la corrupción. Si bien en la mayoría de ítems el Perú está por encima del promedio, hay algunos aspectos donde está por debajo de los cinco puntos como “Independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación” e “Independencia y eficiencia judicial”. En lugar de mejorar en estos ítems, lo ocurrido recientemente con la fiscal de la Nación evidencia lo difícil que es lograr la independencia de poderes, lo mismo ocurre con la decisión del Congreso de elegir a sus propios procuradores.

Otro ítem en que el país debe mejorar es en los procesos legislativos y de Gobierno. Lamentablemente, el ingrediente político juega en contra, desde el Parlamento es mucho lo que se dice, pero poco el interés real en trabajar para mejorar la legislación anticorrupción. Eso debido a que son los mismos parlamentarios o los líderes de sus agrupaciones políticas quienes terminan con denuncias por corrupción.

Es muy difícil ser juez y parte, los casi nulos avances que ha tenido el Perú en los cinco años en que este índice se realiza así lo demuestra.