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Editorial: Reformas frustradas

Editorial de Gestión. "En general, lo que ha caracterizado al manejo del sector agrario es el ‘borrón y cuenta nueva’”.

El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear Mi Agro, la nueva entidad que financiaría a los productores del sector agrario. (Foto: El  Comercio)

El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para crear Mi Agro, la nueva entidad que financiaría a los productores del sector agrario. (Foto: El Comercio)

 (Foto: El Comercio)

AGRO. Hace exactamente 50 años, la dictadura militar promulgó la Ley de Reforma Agraria. Se creyó que con transferir la propiedad el problema estaba resuelto, pero no sucedió así y el agro peruano siguió atrasado, salvo contadas excepciones.

Tuvieron que pasar casi 30 años para que se intenten algunas reformas, como la conversión de las ineficientes cooperativas azucareras en sociedades anónimas, el desarrollo de proyectos de irrigación y la aplicación de beneficios al cultivo para exportación. No obstante, estas mejoras solo alcanzaron a una parte de la agricultura costeña, y dejaron de lado la producción para el mercado interno en esa región, así como al grueso del agro de sierra y selva.

Durante este siglo, hubo intentos por resolver los problemas que afrontan los productores de dichas regiones, como los programas Sierra Exportadora (creado en el 2006), Sierra Azul (creado en el 2013 como Mi Riego), pero no han sido parte de reformas integrales y programáticas sino medidas aisladas. En general, lo que ha caracterizado al manejo del sector agrario es el “borrón y cuenta nueva” –cada nuevo ministro ha llegado con ideas para reemplazar lo anterior, incluyendo en ocasiones el cambio de nombre de su cartera–.

En el 2013 fue rebautizada “Agricultura y Riego” y apenas iniciado el Gobierno de PPK se propuso “Agricultura y Ganadería”, pero la novedad no prosperó. Ahora se ha aprobado “Desarrollo Agrario”, porque incorpora a los subsectores pecuario y forestal, según ha explicado la ministra Fabiola Muñoz. Habría que preguntarle si era necesario un rebautizo, sazonado con una reestructuración, que además acarreará costos logísticos, para tomar en cuenta la enormidad de pendientes en política forestal.

Es el caso de las concesiones en la selva, paralizadas porque en diciembre venció un plazo que los gobiernos regionales no pudieron cumplir, aparte que no se han estado respetando cláusulas del TLC con Estados Unidos, como fue la transferencia del Osinfor al Ministerio del Ambiente –en abril se tuvo que dar marcha atrás y reasignarlo a la PCM–.

Otro argumento para el cambio de nombre es que ahora los ejes centrales serán la agricultura familiar y los servicios agrarios. Pero un documento titulado “Política Nacional Agraria”, emitido en marzo del 2016 y consensuado con los gobiernos regionales de entonces, ya priorizaba la agricultura familiar y los servicios agrarios. Encima, no se está prestando atención a lo que ha dado resultados: aún no se define a ampliación de los beneficios a las agroexportaciones.

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