Editorial: Pintada en la pared

INSTITUCIONALIDAD. Frente a lo que viene sucediendo en las últimas semanas vale preguntarse si la institucionalidad no se está convirtiendo en una palabra vacía que se utiliza a conveniencia. Por ejemplo, la vacancia presidencial es una figura contemplada en la Constitución cuya finalidad es asegurar la idoneidad del jefe de Estado y, si bien la Carta Magna no lo dice expresamente, todas las referencias muestran que la causal de incapacidad moral permanente está relacionada con la salud mental y no con criterios subjetivos. No en vano el periodo presidencial es de cinco años y solo debería cortarse por hechos muy graves.

Esto de ninguna manera significa, tal como lo hizo en diciembre pasado Alberto Borea, minimizar la gravedad de las mentiras en las que el presidente Pedro Pablo Kuczynski habría incurrido y sobre las cuales todavía le debe al país una explicación. Lo que se requiere, más allá del momento actual, es revisar la Constitución y hacer los ajustes necesarios a través de una ley de desarrollo constitucional que pueda cubrir ese y otros vacíos existentes.

Lamentablemente, el Congreso no ha dado muestras de que pueda cumplir con esa labor pues su decisión de “darle contenido” a la norma que gatilla la posibilidad de cerrar el Parlamento presenta problemas de forma y de fondo. En el primer caso, lo correcto hubiese sido debatir la propuesta a nivel de comisiones con un amplio debate y escuchando la voz de los constitucionalistas. En el segundo caso, limitar a tal nivel la facultad del Ejecutivo de disolver el Congreso viola el equilibrio de poderes olvidando que este mecanismo es una pieza fundamental de nuestro sistema democrático.

Tampoco demuestran interés por la institucionalidad quienes desde el Ejecutivo se olvidan de que en la elección presidencial se vota por una plancha compuesta por tres personas, cualquiera de las cuales podría asumir la Presidencia a falta del titular.

Pero estos sucesos no son los únicos ataques a la institucionalidad. Los esfuerzos que desde hace varios años se realizan para tratar de ordenar el régimen laboral en el Estado siempre son boicoteados; el último ejemplo es lo que ha sucedido con el Servicio Civil (Servir), primero con las leyes que retiraron a muchas instituciones de su ámbito de acción, luego con la propuesta de pasar directamente a los CAS a la planilla del Estado y ahora con la posibilidad de que el Ejecutivo plantee una propuesta alternativa. Si queremos fortalecer al país, y por ende a la economía, el respeto a las instituciones debe ser irrestricto.