Editorial: Pasos insuficientes

SECTOR FORESTAL. El mes pasado, sosteníamos en esta columna –a raíz de las críticas del Papa Francisco a la desatención de la Amazonía– que el aspecto económico del sector forestal permanece indefinido. Prueba de ello es que las exportaciones de madera no levantan vuelo, y aunque la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proyecta que este año crecerán respecto al 2017, hasta alcanzar los US$ 145 millones, ese monto será inferior al logrado en el 2014 (US$ 170 millones).

Son muchos los factores que detienen el avance, desde la mala imagen que el Perú se ha ganado internacionalmente por no poner mano dura contra la tala ilegal y la deforestación, hasta los vaivenes normativos, que son ocasionados por la maraña de regulaciones y trámites burocráticos, así como por la creencia de las autoridades de que las leyes son la panacea.

Con respecto a la regulación, el trabajo de la Mesa Ejecutiva Forestal, instalada por el Gobierno anterior en el Ministerio de la Producción y que el actual transfirió al de Economía, había comenzado a rendir frutos, pues identificó sobrecostos y trámites que frenaban el desarrollo del sector. Además, se ha logrado poner en marcha un plan de entrega de concesiones por procedimiento abreviado en Loreto y se hará lo propio en Ucayali.

Pero esos primeros pasos son insuficientes, y sin el apoyo del Gobierno nacional y los gobiernos regionales se corre el riesgo de que la desregulación se estanque y que la supervisión de los bosques concesionados continúe adoleciendo de las fallas que ha venido mostrando. Otro problema que no se ha podido solucionar es la deforestación, tanto la ocasionada por agricultores y empresas que destruyen el bosque para la siembra de cultivos, como por la minería ilegal, que además contamina las aguas de los ríos con sus efluentes tóxicos.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre entró en vigencia en octubre del 2015, cuando fueron promulgados sus cuatro reglamentos. El desorden en que se encontraba el sector y la naturaleza de sus operaciones, muy alejadas de las áreas urbanas, ha dificultado su implementación. Pero también ha contribuido de manera sustancial la tibieza de las autoridades, que, carentes de decisión, siguen apelando al anuncio de nuevas leyes como la solución a los problemas.

Por ejemplo, el anterior ministro de Agricultura informó que su despacho preparaba un proyecto de ley de promoción de plantaciones forestales, para impulsar la inversión privada a través de incentivos económicos, financieros y tributarios. ¿Hace falta una nueva norma o basta con reforzar las que ya están vigentes?