El estudio indica que el 21,3% de los encuestados invierte entre 2 y 3 horas al día para desplazarse. (Jessica Vicente / El Comercio)
El estudio indica que el 21,3% de los encuestados invierte entre 2 y 3 horas al día para desplazarse. (Jessica Vicente / El Comercio)

TRANSPORTE. Dado el caos que viven los peruanos cada día para movilizarse, cualquier esfuerzo que se realice con la finalidad de mejorar el sistema de transporte en el país es bienvenido y los recientes anuncios provenientes de las diferentes instancias de gobierno son alentadores, aunque pareciera que no responden a un esfuerzo coordinado.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, acaba de anunciar el bono de chatarreo como un incentivo para retirar de circulación a las unidades más antiguas y que estas sean renovadas por vehículos nuevos. Pero la norma requiere un reglamento para implementar la propuesta, además de establecer diferencias entre transporte público y privado, pues en el primer caso no solo basta contemplar la antigüedad sino la forma de facilitar la adquisición de nuevas unidades de mayor tamaño.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) también anunció la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y un nuevo reglamento para taxis, buses, transporte de personal y movilidad escolar para mejorar la seguridad vial.

Más allá de estos y otros futuros anuncios, lo que se requiere ahora es establecer una hoja de ruta que guíe el trabajo fijando plazos y estableciendo las implicancias que conlleva cada medida, así como los responsables de llevarlas a cabo. Existiendo varias autoridades a cargo del transporte, lo pertinente es que se delimite claramente dónde empieza y termina la labor de cada una.

Un grave problema en el país es el incumplimiento de las normas y parte del problema es la falta de autoridad. Si frente a las nuevas medidas planteadas se establecen excepciones, se empiezan a postergar plazos o se retrocede en las decisiones será muy difícil lograr que los cambios que se necesitan sean realidad y no se recuperará el principio de autoridad.

Es verdad que hay medidas frente a las cuales si bien no se debe retroceder —como en el caso del transporte informal— se deben buscar salidas para que la demanda de la ciudadanía no quede desatendida. Mirando la otra orilla, María Jara, presidenta de la ATU, ha señalado que el SIT podría absorber parte de la mano de obra que hoy trabaja en la informalidad.

Sin metas claras que permitan moderar las expectativas, conociendo cuáles serán acciones de corto y de largo plazo, las propuestas planteadas para el transporte podrían caer en saco roto.