Foto: Andina.
Foto: Andina.

FACULTADES LEGISLATIVAS. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó el proyecto de ley para solicitar delegación de facultades al Congreso y así poder legislar en seis grandes temas: materia tributaria y financiera; gestión económica y competitividad; reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios; integridad y lucha contra la corrupción; prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, y modernización de la gestión del Estado.

De la exposición de motivos queda claro que el aspecto tributario es donde más se ha desarrollado la propuesta, pues se habla de modificar tasas del Impuesto a la Renta, mejorar la progresividad del sistema tributario, eliminar las posibilidades de arbitraje, fijar una tasa especial del impuesto a los dividendos y redefinir los regímenes tributarios simplificados en base a su real capacidad contributiva. Y el punto más flojo es el de la prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad.

Sin embargo, más allá de los buenos deseos expresados por el premier sobre el trabajo coordinado y de diálogo que mantendrán con el Parlamento, la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, ya adelanto que el pedido recién sería visto por el pleno del Congreso dentro de un mes. Además, ya hay congresistas que de primera instancia se han mostrado contrarios a otorgarle facultades al Ejecutivo, aduciendo que si Villanueva busca diálogo, lo mejor es presentar los proyectos al Parlamento.

Haría bien en recordar el premier que en el caso del gabinete Zavala, si bien las facultades se las dieron en 22 días, en algunos temas no se las otorgaron y otras fueron acotadas en contenido y con plazos menores.

Además, sumando el mes de espera para que les otorguen las facultades, los dos meses para tener listos los proyectos y los dos meses que podría tomarle al Parlamento revisar los decretos aprobados y al Gobierno elaborar los reglamentos, recién en octubre podría tener listo todo, en la perspectiva más optimista.

Bajo este escenario, el Gabinete debería tener dos equipos de trabajo, uno que avance las propuestas de la delegación de facultades (tanto las leyes como sus reglamentos), para poder cumplir con el plazo —autoimpuesto— de dos meses, y otro que elabore el plan B de acción por si la delegación no sale tal cual la esperan. Las necesidades del país no pueden esperar.