Tras cuernos, palos

PRECIOS. La inflación de marzo en Lima Metropolitana (1.48%) fue la más alta desde febrero de 1996. A nivel nacional fue 1.5%, pero dado que el INEI comenzó a publicar ese dato recién en febrero del 2011, no existen registros de hace 26 años, de modo que la anterior tasa más elevada fue más reciente (agosto del 2021). La inflación anualizada muestra que ya se ha hecho tendencia que los precios suban más en el interior del país que en Lima: 7.45% versus 6.82%.

En esta ocasión, el alza de precios respondió principalmente al encarecimiento de combustibles, granos, abonos y fertilizantes, entre otros, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. A lo que hay que agregar los errores de política económica del Gobierno, principalmente en la labor del anterior titular del MEF. A su vez, hay que mencionar que el tipo de cambio ha estado reduciéndose debido al ingreso de capitales de corto plazo, motivado por las medidas del BCR, entre otros factores. Pero la inacción del Gobierno empeoró la situación.

El paro de transportistas de carga, iniciado el lunes pasado, con los consabidos bloqueos de carreteras y el resultante desabastecimiento de alimentos (cuyos precios se fueron por las nubes), no generó ninguna respuesta del presidente Pedro Castillo ni de sus ministros, ya que ese día estaban concentrados en lo que el Congreso decidiría sobre su futuro. Pero en los días previos, que es cuando hay que tomar medidas preventivas, tampoco parecían estar enterados del problema y, dado que es característica de este régimen reaccionar tarde y mal, eso fue lo que hizo.

¿Qué decidió el Gobierno? Pues ayer optó por exonerar del ISC a la gasolina de 84 y 90 octanos, así como al diésel. Según el titular del MEF, Óscar Graham, esto le costará al fisco S/ 250 millones mensuales, así que indicó que se realizará una evaluación permanente para volver al cobro total del referido impuesto cuando la situación se normalice. Lo probable es que habrá más paros y bloqueos de carreteras cuando se intente “normalizar” ese impuesto.

Y se vienen más soluciones apresuradas. El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para exonerar del IGV a alimentos de primera necesidad. Considerando que el Congreso está ávido de aprobación popular, habría que esperar que esa iniciativa será aprobada. En suma, se está aplicando una especie de subsidios ciegos, sin tener seguridad de que se trasladarán a los precios y sin focalización en las familias de menores ingresos, cuya brecha con los trabajadores formales (el 20% de la PEA ocupada) seguirá ampliándose, pues la ministra de Trabajo logró una de sus metas más ansiadas: elevar la remuneración mínima vital, con lo cual pese a que el Gobierno lo desdeña, aumentará el empleo informal.