Sin prisas

REFORMA PENSIONARIA. Contar con ingresos fijos para cuando ya no se tenga edad de trabajar es una de las metas en la vida de las personas. Todos los países cuentan con algún tipo de sistema previsional que pueda asegurar esa pensión. Ningún sistema es perfecto y desde hace algunos años se habla de la necesidad de hacer cambios en el sistema y la Comisión de Reforma Previsional conformada en el Congreso se ha abocado a esa tarea. Sin embargo, tal como advertimos hace una semana, el alto grado de politización y desconocimiento del tema de los miembros de la comisión ha originado que lo aprobado hasta el momento logre más rechazos que elogios.

Las últimas declaraciones de la presidenta de dicha comisión, Carmen Omonte, no han servido para despejar las dudas existentes y, por el contrario, generan mayor incertidumbre. Los pilares sobre los que están construyendo el proyecto de ley –que debió estar listo esta semana, pero que les tomará dos meses más– no cuenta con un informe técnico.

Si algo valoran los trabajadores que hoy aportan para su jubilación es que el dinero que acumulen sea de su propiedad. Y su jubilación dependerá de cuánto aporten. Sin embargo, no ha quedado claro si en la propuesta planteada parte del fondo de cada persona irá para un fondo común que beneficie a otros trabajadores, bajo la forma de “riesgo compartido”.

Tampoco se entiende por qué será una entidad del Estado la que se encargue de recaudar los aportes para luego entregarlos al administrador. La experiencia ha demostrado que, ante un caso de necesidad, sin importar que se trate de fondos intangibles, el Estado se ha apropiado del dinero, casos concretos, es la propia ONP, el Fonavi y varios otros.

Omonte reconoce que las críticas de los afiliados actuales están en el hecho de no contar con una pensión mínima y en el tema de las comisiones. Sin embargo, la labor del grupo de trabajo se ha centrado en otros aspectos y no en la preocupación de los afiliados.

Si la comisión del Congreso cumple con los plazos, su propuesta estaría lista a fines de diciembre y debería empezar su debate cuando se inicie la última legislatura, pero será también en el momento más fuerte de la campaña política para las próximas elecciones y ese no es el mejor escenario para un debate que debe ser eminentemente técnico.

La campaña conlleva una polarización ideológica entre quienes buscan una mayor participación del Estado en todos los ámbitos y quienes consideran que esta debe estar centrada solo en algunos sectores. Si además la propuesta generará un gasto para el Estado (aporte para pensión mínima), no solo se debería esperar al nuevo Gobierno, sino que la decisión no debería estar en manos del actual Parlamento.