Sin capacidad para sancionar

CONTRALORÍA. Oficialmente, la entidad encargada de supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado es la Contraloría General de la República. Para cumplir esa labor no solo tiene un equipo de trabajo en su oficina central sino también tiene un representante en cada entidad del Estado, lo cual ayuda a mejorar su labor.

Aunque la ciudadanía no lo sepa, la Contraloría emite informes cuando encuentra irregularidades y en ellas precisa si considera que los funcionarios tienen responsabilidad administrativa, penal y/o civil. Lamentablemente, no puede llegar al nivel de establecer si esas irregularidades implican el pago de coimas o no, pero incluso en las obras que llevó adelante Odebrecht la Contraloría, en su momento, detectó irregularidades.

El problema real es que, aunque la Contraloría destine su trabajo a hacer investigaciones y emitir informes, su trabajo puede caer fácilmente en saco roto, pues, en primer lugar, no tiene capacidad sancionadora, y en segundo lugar, tampoco puede obligar a las entidades que intervienen o a la Fiscalía a iniciar investigaciones o sancionar a los responsables.

El año pasado la Contraloría emitió 1,218 informes y se encontró responsabilidad en 6,676 funcionarios. Solo en lo que va de este año se han emitido 170 informes que detectan responsabilidades en 1,088 funcionarios. Sin embargo, no puede inhabilitar administrativamente a ningún funcionario, y si bien en el tiempo ha ganado al poder realizar no solo controles previos ni posteriores sino también concurrentes, ha perdido su facultad sancionadora.

 A partir del 2021, el nuevo gobierno tendrá que poner énfasis en la inversión pública, y según declaraciones de ambos candidatos, otro aspecto importante serán los programas sociales. En ambos temas ya se conoce que se han dado casos de corrupción y mal uso de bienes del Estado. Además de los casos ya conocidos, los casos de Odebrecht o el Club de la Construcción, existe extensa bibliografía sobre el mal uso de los programas sociales, tanto en los más antiguos, como el Vaso de Leche, hasta incluso en los nuevos, como Pensión 65, donde se ha visto de beneficiarios a personas a las que no les correspondía.

Por eso, en el próximo quinquenio será fundamental que una entidad como la Contraloría pueda no solo tener la capacidad de investigar y emitir informes, sino sobre todo sancionar. Un grave problema en el país es que los funcionarios, incluso aquellos que tienen una sentencia en primera instancia, pueden seguir trabajando o postulando a cargos públicos. Si de verdad se quiere acabar con la corrupción ese no es el camino.