(Foto referencial: Archivo El Comercio)
(Foto referencial: Archivo El Comercio)

EDUCACIÓN. En los últimos siete meses, profesores, alumnos, padres de familia y dueños de colegios han tenido que vivir uno y mil cambios, y no todos se han manejado de la mejor manera. Como si eso no fuera suficiente, en las últimas semanas tanto desde el Ministerio de Educación como desde el Congreso se han dado medidas que golpean más a este sector ya afectado.

Los parlamentarios aprobaron –en apenas 15 minutos de debate– la reincorporación de 14 mil maestros que no tenían título o no habían aprobado sus evaluaciones. Gracias a las innumerables críticas recibidas, decidieron reconsiderar la votación y regresar el proyecto a la Comisión de Educación. Una medida adecuada si se considera que es momento de darle un mayor peso a la meritocracia y a todos aquellos profesores que sí se esfuerzan. Pero no basta con esto. Se necesita que los criterios de evaluación estén claramente establecidos y que el Estado no ceje en su empeño por mejorar la carrera magisterial más allá de las presiones que puedan generarse.

Desde el otro lado, el ministro de Educación, Martín Benavides, inicialmente anunció que el próximo año las clases serían presenciales desde el inicio del año, pero luego tuvo que ser corregido por el viceministro de Gestión Institucional, Sandro Parodi, quien precisó que el retorno a clases tendrá un enfoque bastante flexible, pues no se puede asegurar que regresarán en marzo. Esta es una afirmación más cercana a la realidad, ya que el ministerio aún no ha informado si ya todos los colegios del Estado cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con los protocolos sanitarios que se exigen en medio de esta pandemia. ¿Cuántos centros educativos aún no cuentan con agua y desagüe?, ¿cuántos trabajos de mejora de infraestructura se han realizado en estos meses? ¿cómo se manejará el tema del aforo, sobre todo cuando, por los traslados ocurridos este año, la cantidad de alumnos en muchos colegios ha excedido el tope normal?

Otro punto sobre el que no hay claridad es respecto a cómo quedará el aprendizaje de este año, si bien inicialmente la viceministra de Educación, Mariela Marchena, sostuvo que todos los alumnos pasarían de año, luego se precisó que no habría aprobación automática. Aún nada está claro.

Este tipo de declaraciones solo dejan en evidencia la falta de una ruta clara en el trabajo que realiza el Gobierno en un sector tan sensible, sobre todo si se tiene en cuenta que los niños no podrán ser vacunados y son más propensos a ser portadores asintomáticos del virus. Las autoridades ya deberían haber aprendido a tener sus ideas claras antes de declarar.