La sigla tabú

DERECHOS. Tal vez debido al carácter mayoritariamente conservador de la población, al Perú le está costando más que a otros países aceptar que la comunidad LGBTIQ+ merece que se le reconozcan sus derechos. Parece increíble que hace ocho años Gestión ya señalaba la necesidad de apoyar el proyecto de ley que establecía la unión civil y este aún no haya sido aprobado.

Según una encuesta del Ministerio de Justicia (Minjus), publicada en enero, el 19% todavía cree que la homosexualidad es una enfermedad y el 45% piensa que es una condición adquirida (por traumas infantiles o malas experiencias). Si entender las tres primeras letras es difícil, las otras tres son un reto mayor: el 46% opina que las personas trans viven confundidas. Ni hablar de derechos civiles. Una encuesta global de Ipsos, publicada con ocasión del Mes del Orgullo (junio), da cuenta de que el 51% de peruanos se opone al matrimonio igualitario y un porcentaje similar está en contra de que parejas del mismo sexo adopten.

Si en la opinión pública prima la discriminación, en las instituciones del Estado prevalece el mutismo. Con escasas excepciones, como el Minjus o la Defensoría del Pueblo, la gran mayoría intenta justificar su falta de compromiso con los derechos LGBTIQ+ con excusas que hacen poco para ocultar sus fobias: “hay otros temas más urgentes”, “el Código Civil lo impide”, “va en contra de la moral”.

La legislación vigente es reflejo de que la sigla sigue siendo tabú. Existe una ley que prohíbe la discriminación en todo ámbito, incluido el laboral (fue elaborada y promulgada por el Ejecutivo), pero el Congreso se niega a poner en debate varios proyectos de ley, hoy archivados, que buscan legalizar el matrimonio igualitario, los crímenes de odio y otras iniciativas. Lo que sí está cambiando es la actitud de las grandes empresas, que en número creciente están aplicando políticas de diversidad –por ejemplo, extienden el seguro médico a las parejas de sus empleados–, aunque ese trato aún no se observa en las mipymes.

Como en el país lo sutil no funciona, hace falta mayor visibilidad (no solo en junio), y que la población reciba una mejor orientación del tema, incluidos candidatos presidenciales y congresistas. El Perú fue el penúltimo en América Latina en legalizar el voto femenino, en 1955, 38 años después que el primero (Uruguay). Ojalá no pase tanto tiempo con los derechos LGBTIQ+.