Desafío logístico

VACUNAS. El Gobierno coordina con cinco laboratorios para adquirir 30 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, con lo que se cubriría a más del 90% de la población. Aunque todavía ninguna vacuna ha culminado la fase 3 de los ensayos clínicos, se estima que habrá varias disponibles y aprobadas en sus respectivos países para mediados del próximo año. El país tiene que estar preparado.

Para empezar, resta coordinar dosis para el 10% de la población, lo que no tendría que tardar mucho. Luego viene la implementación de una regulación que agilice la aprobación de las vacunas, pues la excesiva lentitud con que actúa la Digemid podría retrasar el proceso –la elaboración de reglas para las pruebas moleculares rápidas de la Universidad Cayetano Heredia demoró meses–. Dado que las vacunas ya vendrán con el visto bueno de sus respectivos países, y posiblemente el respaldo de la OMS, no habrá motivo para que la burocracia local prolongue el papeleo.

Lo más delicado será la distribución. Se ha informado que los primeros en recibir la vacuna serán los trabajadores esenciales –personal de salud, fuerzas del orden– y la población vulnerable. El premier Walter Martos ha señalado que se evalúa hacerlo en los colegios, tal y como se realizan las elecciones, aunque hay que recordar que desde los 70 años el voto es facultativo. Quizás sea conveniente que ese grupo etario reciba la vacuna en su domicilio.

También será necesario contar con personal capacitado y tener disponible un volumen suficiente de equipos de protección personal, jeringas, gasas, alcohol, así como un apropiado sistema de almacenamiento y transporte en frío. Se requerirá de la realización de grandes compras. Hay que apurarse, porque sería inaceptable volver a oír como excusa que los países ricos han acaparado el mercado. Por cierto, ¿el Perú puede fabricar algunos de esos implementos o se tendrá que importar todo? Otra medida necesaria será extremar la vigilancia para evitar robos de vacunas e implementos en los almacenes del Minsa.

Por último, hará falta una campaña informativa a nivel nacional. Según una encuesta de Ipsos, el 22% de peruanos no se vacunaría, por motivos como su desconfianza en las vacunas o porque tendrían microchips para rastrear a las personas. Si más de la quinta parte de la población está así de desinformada, es claro que el Gobierno tiene que actuar. Quizás ayude que se declare obligatoria la vacuna, como ocurre con las que se administran a los infantes.