De tumbo en tumbo

Inacción. El gobierno de Pedro Castillo se las ha arreglado para que en el ámbito internacional se hable del Perú: del menoscabo de la gobernabilidad, de su inoperancia y, por supuesto, de sus dislates. Solo en abril, la falta de previsión ha provocado derrumbes en el sitio arqueológico de Kuélap –el Ministerio de Cultura estaba advertido, pero no hizo nada para evitarlo–, mientras que el primer ministro volvió a mostrar su admiración por Hitler, provocando sendos comunicados de las embajadas de Israel y Alemania.

Estos dos vergonzosos casos son producto de la falta de preparación e idoneidad para ocupar cargos ministeriales, que ha sido moneda corriente desde que Castillo asumió la presidencia. Pero hay un tercero que, además de estos defectos, es reflejo de una política gubernamental hostil hacia la iniciativa privada y la formalidad. Y que puede costar muy caro, no solo en términos de la imagen internacional del país, sino en recursos económicos y financieros para el mediano y largo plazo. En especial si se trata de la actividad que genera más divisas por exportación y más recaudación tributaria.

El Instituto Fraser es un influyente centro de investigación basado en Canadá, conocido por sus índices de libertad económica y estudios anuales sobre sectores económicos como la minería. Su encuesta de empresas mineras del 2018 ubicó al Perú en el puesto 14 (entre 83 jurisdicciones) en su Índice de Atractivo para Inversiones, pero desde entonces, la percepción de las compañías sobre nuestro país ha ido deteriorándose. En el sondeo del 2021 (publicado la semana pasada), nuestro país ocupó el puesto 42, ocho casillas por debajo del año previo. Las jurisdicciones evaluadas fueron 84.

La encuesta fue realizada entre agosto y noviembre del 2021, es decir, cuando los primeros gabinetes de Castillo amenazaban con expropiaciones y aumentos de impuestos a la minería. De hecho, el factor que daña el atractivo del país es el índice de percepción de políticas gubernamentales (caída del puesto 42 al 69).

Desde entonces, los problemas se han agravado: constantes bloqueos en vías de acceso a minas como Las Bambas y Atacocha, incendio de instalaciones, toma del reservorio de agua del campamento minero en Cuajone, cuatro ministros y un nuevo director general de Minería cuyo anterior cargo fue en el Mercado Modelo de Huancayo. La inacción del Gobierno para resolver la situación es alarmante. Mientras tanto, la minería informal e ilegal, que no respeta las leyes, no paga impuestos ni protege a sus trabajadores, sigue operando como si nada.